La Cámara de Representantes de Australia aprobó ayer una ley que obliga a las grandes plataformas tecnológicas como Google o Facebook a pagar a los medios de comunicación por el contenido de las noticias que se comparten en ellas.

Tras años de desencuentros entre las autoridades australianas y los gigantes tecnológicos, la norma se ha convertido en realidad tras las modificaciones de última hora que se han hecho esta semana, después de que Facebook llevara a cabo su amenaza de dejar de operar en el país oceánico.

La ley de pagos por contenidos periodísticos ha sido elaborada a raíz de las investigaciones de la Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC, por sus siglas en inglés) sobre el desequilibrio en los ingresos publicitarios entre tecnológicas y medios de comunicación.

La ACCC determinó en su informe final, publicado en diciembre de 2019, que las plataformas concentraban el 51% de los ingresos publicitarios por noticias elaboradas por los medios de comunicación.

La nueva legislación de Australia –una de las democracias con la mayor concentración en la propiedad de medios y en el que tiene fuerte presencia el grupo News, de Rupert Murdoch– obliga a las empresas tecnológicas a negociar con las periodísticas una contraprestación por las noticias que se publican en sus plataformas. Pero las enmiendas dan un mayor margen de negociación a las tecnológicas en sus acuerdos con los medios, dado que podrán seleccionar a sus proveedores y no están obligadas a suscribir un acuerdo forzado si ya han firmado convenios previos.

A pesar de ello, según el Ejecutivo australiano, este código «garantizará que las empresas de medios de comunicación reciban una remuneración justa por el contenido que generan, lo que ayudará a mantener el periodismo de interés público en Australia».

La ley considera como último recurso la intervención de un panel de arbitraje, cuya decisión es vinculante para fijar el monto a pagar si no se produce un acuerdo comercial entre las partes, uno de los aspectos más importantes de la propuesta.

Reticencias

No obstante, la inclusión de las enmiendas a la ley hace sospechar a algunos analistas que la misma no llegará ni siquiera a aplicarse de forma efectiva.

«El código permanecerá en los libros de leyes, sin ser utilizado. No se designará a nadie», remarcó el jurista Michael Bradley en un artículo de opinión publicado el miércoles en la revista política “Crickey”, al apuntar que las plataformas y los grandes grupos mediáticos alcanzarán rápidamente sus acuerdos, lo que hace temer que las organizaciones pequeñas e independientes se queden fuera de ese juego entre grandes.

En su texto, Bradley advirtió de que el dinero de las tecnológicas acabaría en manos de los grandes grupos mediáticos sin que estos tengan «la obligación de gastarlo en el supuesto objeto de todo este alboroto, el periodismo real».