El pasado martes, cuatro cárceles del país registraron enfrentamientos violentos con casi un centenar de víctimas mortales. La lucha entre bandas desató una cadena de extrema violencia que habla de descuartizamiento y quema de cuerpos. Además, la fuga de reos ha puesto en vilo al Gobierno y el país sigue con impotencia la gran escalada de violencia desatada.

El Gobierno de Ecuador nunca supo solucionar este tipo de problemas. El exceso de población en sus centros de rehabilitación social ha sido y es un problema que siempre ha ignorado. La delincuencia organizada y, sobre todo, el tráfico de drogas, son los principales motivos de ingreso de sus pobladores. Durante mis años de trabajo de pastoral penitenciaria en Ecuador, en distintas cárceles, siempre denuncié el exceso de población de sus centros y las condiciones infrahumanas en las que viven personas de distintas nacionalidades y de distintas religiones, en definitiva, personas que, por alguna u otra razón, cayeron en manos de la justicia. Culpables o no –nunca me tocó juzgar por el simple hecho de que ya fueron condenados–, profesen una u otra religión o que estén alejados de la mano de Dios, no cambia que no existe dignidad alguna para sus pobladores. Pierden la misma en el momento de traspasar los muros de esas mazmorras del siglo XXI, un auténtico infierno. Nada que haya visto sentado en una cómoda butaca de un cine se parece al infierno en el que viven estas personas: falta de higiene, insalubridad, falta de alimentación, malos tratos y un largo etcétera. Las políticas penitenciarias del país son tremendamente obsoletas, tanto que si usted estuviera cinco minutos dentro (aunque sea un mero visitante) desearía no estar vivo. El Gobierno de Ecuador ha hecho caso omiso a estas condiciones tan terribles de vida, tan penosas que en ocasiones el pensamiento de los internos no vas allá de poder comer un plato caliente al día.

Estos violentos enfrentamientos con casi un centenar de víctimas han congregado a cientos de familiares fuera de los muros de las cárceles con la incertidumbre de saber si sus familiares forman parte de la nómina de víctimas. Hasta el momento, no se sabe si han sido controlados por la Policía y del Ejército, en un asunto que se les fue de las manos por un exceso de población que alcanza el 300% en algunas prisiones del país. Parece que además de en la temida prisión del sur de Guayaquil, se han dado enfrentamientos en prisiones como la de Quevedo, también en el litoral.

Ecuador está inmerso en una transición política en la que se elegirá el nuevo presidente de la República, asambleístas, y Parlamento Andino. Dos candidatos se disputan la presidencia: uno conservador y otro heredero del querido y también odiado expresidente Rafael Correa. Momento de transición y revueltas en el Ecuador que pondrán fin a una gestión de cuatro años bastante oscura del presidente Lenín Moreno, de la que se recuerdan los enfrentamientos violentos que se dieron en la capital, Quito, en octubre del 2019, cuando el Gobierno de Lenín Moreno quiso subir los carburantes en un guiño al poderoso FMI.

Pero eso será otra historia que se escribirá después del próximo 11 de abril, cuando salga el candidato a ocupar el sillón del palacio presidencial de Carondelet. Sería bueno revisar, entre otras cosas, además de las abandonadas políticas sociales, la obsoleta política penitenciaria.