Ajena a las presiones internacionales, la Junta Militar birmana continuó ayer con la matanza de civiles con 12 muertos en otra jornada de protestas, mientras aceleró su ofensiva judicial contra la oposición al acusar de corrupción a la depuesta líder de facto del Gobierno, Aun Sang Suu Kyi, el cargo más grave presentado en su contra.

Aunque eludió denunciar el golpe de Estado o abordar posibles sanciones por la oposición de China, el Consejo de Seguridad de la ONU pidió la liberación de Sang Suu Kyi y los detenidos de forma arbitraria y el cese de la violencia contra los manifestantes.

El relator de la ONU para Myanmar, Thomas Andrews, fue más allá y aseguró que la represión tras el golpe de Estado, que ha causado al menos 70 muertos y 2.000 detenidos, debe ser respondida por la comunidad internacional con severas sanciones.

Las protestas se repiten a diario desde el golpe militar y las autoridades han detenido a más de 1.900 personas.

«El pueblo de Birmania no solo necesita palabras de apoyo sino acción y ayuda de la comunidad internacional», subrayó Andrews ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El relator propuso que todo Estado «se niegue a reconocer a la Junta como legítimo Gobierno representativo del pueblo birmano» y medidas como detener el flujo de ingresos con sanciones a las principales fuentes de financiación, incluyendo su empresa nacional de petróleo y gas. También sugirió extender el embargo a la exportación de armas y solicitó a Estados con leyes de jurisdicción universal que consideren iniciar investigaciones contra líderes de la Junta Militar por los «crímenes contra la humanidad».

Andrews insistió en que hay evidencias de que el Ejército birmano está cometiendo« crímenes contra la humanidad que incluyen asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y detenciones» que no cumplen los principios universales de la ley internacional.

Otro de los reveses internacionales para la Junta llegó de Amnistía Internacional (AI), que ha verificado un total de 55 vídeos que demuestran la matanza de manifestantes por parte de policías y soldados. AI afirmó que el análisis de los vídeos demuestra una estrategia crecientemente letal por parte de las autoridades militares y criticó al Consejo de Seguridad de la ONU por no tomar medidas.