Bruselas deja correr el tiempo frente al dilema del retorno de los yihadistas

El fin del califato del Estado Islámico obliga a los europeos a decidir qué hacer con sus nacionales que quieren regresar a sus países, pero los Gobiernos se muestran reticentes a los retornos.

Desde hace unos años, y sobre todo desde el fin del autoproclamado califato del grupo Estado Islámico (ISIS) en marzo de 2019, expertos y responsables de seguridad en Europa exigen el regreso a sus países de los yihadistas extranjeros, de sus esposas e hijos.

Los kurdos mantienen a unos 43.000 extranjeros detenidos en el noreste de Siria, entre ellos hay unos 27.500 menores extranjeros.

Pero su regreso se enfrenta a la hostilidad de la opinión pública. En el Estado francés, por ejemplo, dos tercios de la población se opone al regreso de los hijos de yihadistas.

A inicios de marzo el primer ministro belga, Alexander De Croo, dijo que quería «hacer todo lo posible» para repatriar a los menores belgas.

Aunque varios países han repatriado a niños, en su mayoría huérfanos, mujeres e incluso algunos hombres, este anuncio es el primero de este tipo en la Unión Europea.

París, por su parte, ha repatriado a 35 menores, suscitando críticas por esta política a cuentagotas. Pero también preconiza que los adultos sean juzgados en los países en los que están detenidos.

Noruega se niega a repatriar a los adultos, pero hizo una excepción con una mujer de origen paquistaní y sus dos hijos. Esta decisión provocó la ira de la derecha populista, que aprovechó para dar un portazo a la coalición de Gobierno.

A nivel de la UE, el tema es tabú. Los Estados miembros se niegan a que la cuestión se discuta en los consejos europeos.