El pasado mes de noviembre fue detenido en un control en Iparralde el donostiarra Oier Oa. Desde que en 2015 saliera de la cárcel tiene prohibida la entrada en territorio del Estado francés, por lo que tras el arresto fue expulsado, a pesar de que vive Lapurdi con su familia y trabaja en el liceo Etxepare de Baiona. Ayer, la Fiscalía le comunicó que por romper la prohibición de entrada pedirá una pena de cuatro meses de prisión sin que sea necesario que la cumpla. Oa rechazó la petición fiscal por lo que ahora tendrá que hacer frente a un juicio. Su caso no es el único; unos meses antes también fue detenido en muy parecidas circunstancias el gasteiztarra Igor Uriarte, al que, asimismo, se le prohibió volver a residir en Iparralde hasta que no regularizara su situación.

La prohibición de entrada en el Hexágono que los tribunales franceses impusieron a militantes vascos tras cumplir pena de prisión es una rémora que carece de cualquier sentido en la actualidad, máxime cuando pronto se cumplirán tres años de la disolución de ETA. Ese tipo de restricción debería estar abolida desde hace tiempo, pero el camino para suspender esos castigos es bastante sinuoso. Corresponde a Paris decidir sobre el levantamiento de esa proscripción, en un procedimiento en el que no tiene límites para dictar una resolución. De hecho, Oa había pedido en dos ocasiones que se le eliminara la prohibición, sin haber obtenido respuesta.

Someter a esta persecución a personas con arraigo en la comunidad en la que viven y trabajan, como dejaron claro ayer los alumnos del liceo Etxepare frente al juzgado, no se corresponde con un Estado que alardea de defender la libertad y de respetar los derechos humanos. En cualquier caso, independientemente de lo que hagan Madrid o Paris, las y los ciudadanos vascos tienen derecho a vivir y trabajar en cualquier parte de Euskal Herria, sin tutelas ni prohibiciones. Y esas fronteras interiores que los Estados abren y cierran a su conveniencia deben desaparecer ya.