Etxerat anunció ayer que Instituciones Penitenciarias ha sacado del régimen de aislamiento a los tres últimos presos vascos que todavía lo padecían: Iñaki Reta, Marixol Iparragirre y Jurdan Martitegi. La prisión de Soto del Real ha sido el último reducto de una práctica que ha durado nada menos que treinta y cuatro años. No cabe sino felicitarse porque el Gobierno español haya terminado con un castigo cruel e inhumano que ejemplifica como pocos el carácter excepcional de las medidas que se han aplicado y se aplican a los presos políticos vascos en las prisiones del Estado.

En teoría, los módulos de aislamiento son recintos destinados a presos «inadaptados» o al cumplimiento de castigos que se revisan cada dos semanas. Sin embargo, en el caso de cientos de presos vascos, estos módulos se convirtieron en el régimen penitenciario ordinario, hasta el punto de que algunos presos han cumplido todo su cautiverio –a veces más de una veintena de años– en aislamiento, acrecentando todavía más el enorme desgaste físico y, sobre todo, psicológico que acarrean encarcelamientos tan prolongados. Y es que no se puede olvidar que el aislamiento reduce al mínimo el contacto de la persona presa con el mundo exterior, así como sus relaciones sociales, desequilibrándola psicológicamente con el único fin de doblegar su voluntad. Es, por tanto, motivo de alegría que esta medida punitiva deje de aplicarse a los presos vascos, aunque en realidad debería dejar de emplearse en general: es tan inhumana para unos presos como para todos los demás. Lo que procede es erradicar completamente este castigo de la política penitenciaria.

Terminar con el régimen de aislamiento es un paso importante para acabar con la excepcionalidad que se ha aplicado a los presos vascos, aunque de ningún modo suficiente. Son todavía muchas las medidas especiales que se continúan aplicando y el Gobierno español debería terminar con todas ellas de una vez por todas.