En Zaldibar había riesgo desde 2016 y mediciones muy escasas

Los dos informes periciales llegados al Juzgado y conocidos por GARA son coherentes al fijar en 2016 los primeros problemas en Zaldibar. Y delatan un descontrol traducido incluso en escaso número de hitos topográficos. Dos tercios de los residuos eran suelos contaminados y escorias. Joaquín Beltrán murió allí; su búsqueda acaba sin resultado.

El vertedero de Zaldibar colapsó el 6 de febrero de 2020 pero manifestaba ya serios problemas de seguridad desde cuatro años antes, según refieren los dos informes distintos llegados al Juzgado de Durango y a los que ha tenido acceso GARA por fuentes judiciales. Los peritajes apuntalan la tesis del descontrol en la instalación, dentro de una política pública que en la CAV desde hace dos décadas deja las garantías de seguridad en manos de las empresas, con controles más laxos que anteriormente.

Los dos informes obedecen a un mismo encargo del Departamento de Medio Ambiente de Lakua, hecho en abril del año pasado, y han llegado al Juzgado recientemente, casi a la vez que el anuncio ayer de la suspensión definitiva de la búsqueda de Joaquín Beltrán ante la falta de resultados.

En ambos trabajos, encargados para determinar las «causas de rotura», aparece una misma fecha de referencia: 2016. El firmado por Eduardo Alonso y Mercedes Sondon, de la Universidad Politécnica de Barcelona, expone que la escombrera únicamente se mantuvo estable cuatro años más por el dique de contención de 18 metros en el arranque del vertedero («pequeño comparado con la altura que alcanzó en el momento de la rotura», que fue de 127 metros), además de por el «efecto tridimensional de la vaguada» y otros factores.

«Todas estas contribuciones a la estabilidad no fueron suficientes para evitar la rotura. El Factor de Seguridad (FS) del vertedero disminuyó constantemente desde el inicio de las operaciones de vertido hasta alcanzar el punto crítico (FS=1) a comienzos de 2020», indica.

El otro estudio, firmado por los expertos de la Universidad de Cantabria Jorge Cañizal y César Sagaseta, certifica que el FS «desde 2016 en adelante es inferior a 1,2 e incluso a 1,1 a lo largo de los años 2018 y 2019». E indica que «la velocidad de movimiento observada parece indicar durante todo el periodo de medidas [2014-2020] una seguridad precaria con valores de FS bajos, inferiores a 1,2». ¿Nada de ello fue advertido o simplemente no se comunicó? Es un interrogante que lógicamente no corresponde a los geólogos e ingenieros, sino que deberían despejar los tribunales.

Pocos hitos y mediciones

En este último informe se recoge además la insuficiencia de elementos de control, tanto en número como en periodicidad. «Hasta 2019, el número de hitos ha sido escaso y concentrado solo en el nivel inferior. Solo desde el año 2019 hay hitos en la zona media del vertedero, los últimos colocados en el mes de diciembre. La frecuencia de lecturas también ha sido escasa, con un máximo de 17 lecturas a lo largo de 64 meses, en los hitos 1 a 5. En el resto el número de lecturas fue bastante menor».

Se da la circunstancia añadida de que tras 2016 se incrementó notablemente la explotación del vertedero, algo que refiere el estudio de la Universidad de Cantabria: «La altura del vertedero experimenta mayores variaciones anuales en los tres últimos años de explotación (2017 a 2019) que los anteriores, coincidiendo lógicamente con el incremento de peso de residuos recibidos. El año 2018 es el de mayor recrecimiento de altura experimentado».

En su comparecencia en el Parlamento, el entonces consejero de Medio Ambiente, Iñaki Arriola (hoy lo es de Planificación Territorial), argumentó que la determinación del ritmo de llenado era competencia exclusiva de la empresa. Y situó los problemas de estabilidad advertidos muy pocos días antes de la catástrofe (hubo una reunión no bien explicada sobre el tema el 21 de enero), por lo que no habría habido tiempo de atajarlos.

El «agujero» y el desplome

Los informes permiten concluir que el desastre medioambiental y humano hubiera sido evitable con controles efectivos, independientemente de que la causa final fuera la acreditada técnicamente de reducción de la fricción en la base del vertedero por efecto de la sobreexplotación.

Apuntan también, no obstante, a defectos de construcción. Así, se expone que el proyecto modificado en 2009, aprobado obviamente por el Gobierno de Lakua, sustituyó «el gran espaldón de contención» contemplado en el original de 2004 por «un dique de dimensiones reducidas (18 metros de altura)». Se incluye en el informe catalán.

El de Cantabria analiza la tipología de los residuos: «Los materiales más abundantes corresponden a tierras y suelos contaminados, seguidos de escorias de acero y fundición y de rechazo de plantas de valoración, alcanzando en conjunto dos tercios del global».

Ello coincide con el calificativo de «el agujero» con que Zaldibar era conocido en el sector, puesto que allí se arrojaba «de todo». Y sin embargo, en la última inspección de Lakua se tomó como irregularidad menor la «existencia de residuos peligrosos no contemplados en la Autorización Ambiental Integrada», según reconoció Arriola.

Bilaketa eten da, «erantzukizun politikoak» eskatzeko aldarria ez

Joaquin Beltran bilatzeko lanak bertan behera utzi direla jakin bezain laster auzia argitzeko eta erantzukizun politikoak eskatzeko aldarria berretsi zuen atzo Zaldibar Argitu ekimenak; adierazpen baten bitartez eta arratsalde partean dozena erdi bat herritan eginiko elkarretaratzeen bitartez.

«Iluntasunak eta informazio faltak hasieratik ezaugarritu du Zaldibarko zabortegiaren inguruko guztia. Hasierako kudeaketa penagarriari, beste kapitulu triste bat gehitzen zaio. Joaquin Beltran ez aurkitzea porrot handia da, bai senideentzat, bai lagunentzat, bai inguruko herritarrentzat», aipatu zuen ekimenak.

Ikuspegi zabalagoa erabiliz, «pertsona bat lur azpian geratzea ezin da erantzukizun politiko gabe geratu, enpresarien eta ordezkari politiko batzuen arteko loturak horren nabarmenak direnean. Jaurlaritzak bilaketa lanak bertan behera uztea erabaki badu, une egokia da erabaki horren ondorioak onartu eta erantzukizunak bere gain hartzeko, beharrezko diren dimisioekin eta kargugabetzeekin».

Bide beretik jo dute sei sindikatuk, komuneko adierazpen baten bitartez. ELAk, LABek, ESK-k, Steilasek, EHNEk eta Hiruk ez dute beren haserrea gorde. «Zoritxarrez, hamabost hilabeteren eta zortzi egunen ondoren, Jaurlaritzak, Joaquin Beltranen gorpuzkiak aurkitu gabe, bilaketa etetea erabaki du. ‘Jaurlaritzaren izenean, dolumin sentikorrenak helarazi nahi dizkiogu familiari. Goian bego’, adierazi du Lakuako bozeramaile Josu Erkorekak. Antza, Jaurlaritzak langile bat hiltzat noiz jo erabakitzen du. Bistan da afera hau gainetik kendu nahi dutela, erantzukizunak saihestuz eta Verter Recycling errudun bakar gisa aurkeztuz iritzi publikoaren aurrean», salatu zuten.

«Hasieratik exijitu dugu Joaquin Beltran aurkitzea, baina afera hau ez da hor amaitzen. Izan ere, erantzukizun politikoak argitzea eta azken ondorioetaraino iristea ezinbestekoa da, egia ezagutu dadin, justizia egiteko eta horrelakorik berriro gerta ez dadin bermatzeko», esan zuten. Zehatzago, «Iñigo Urkulluk zuzenduriko Eusko Jaurlaritzak eta Iñaki Arriola sailburuak ardura politiko zuzena dute», erantsi zuten sindikatuok.

Joaquín Beltrán, el jefe de subcontrata que barruntó la tragedia

Las condolencias fueron generalizadas ayer al suspenderse la búsqueda de Beltrán, con epicentro en Zalla pero rebote en toda Euskal Herria. Fallecido a los 51 años, no era trabajador de Verter Recycling sino de una pequeña empresa, prácticamente familiar, que llevaba su nombre. Era el jefe pero también el que se montaba en la retroexcavadora. Y desde ahí barruntó perfectamente la catástrofe que venía.

Lo hizo días antes, cuando aparecieron grietas, pero también segundos antes, cuando notó que la tierra se movió bajo los pies e intentó avisar a sus compañeros para que se pusieran a salvo.

Nacido en una familia procedente de Málaga pero asentada en Euskal Herria, Beltrán había echado raíces en Zalla, desde donde cada día se desplazaba a Zaldibar, cruzando Bizkaia.

Era el mayor de ocho hermanos, uno de los cuales, Txisko, trabajaba también en la empresa y estaba aquel día de la tragedia en el vertedero.

La relación con el Gobierno Urkullu ha sido tensa. A la familia no le gustó nada que en una declaración oficial se situara la culpa en Verter pero citando también a Excavaciones y Construcciones Beltrán. Y menos aún que se les conminase a no hablar en los medios.