«El ridículo de España con Francia ha sido enorme»

El estupor por la actitud de Madrid y (de rebote) de París en la imputación ahora retirada a Josu Urrutikoetxea aumentará si se lee esta entrevista: diligencias perdidas, una imputación tramposa a ETA, 16 años de proceso... y una obsesión política evidente.

La exculpación de Josu Urrutikoetxea por la Audiencia Nacional en el caso Hergueta ha llegado tras 16 años y con su extradición ya aprobada en primera instancia por los tribunales franceses. Una situación surrealista que requiere explicación. Su abogado, Iñigo Iruin, detalla para GARA lo ocurrido y da algunas claves que van más allá de lo jurídico.

Cuesta entender cómo ha llegado la causa hasta aquí sin existir lo más básico: la constancia de pertenencia a ETA p-m. ¿Cómo se inició entonces la acusación contra Urrutikoetxea, quién la lanzó?

No ha sido un modelo de instrucción penal. Comienza con algo tan inaceptable en el funcionamiento de la Administración de Justicia como es la desaparición de las diligencias previas que se incoaron en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Vitoria el día del atentado. No sabemos si se perdieron en Gasteiz, en la Audiencia Nacional o en el camino, pero no fueron halladas. Así que hasta 1996 no se inicia el actual sumario, a través de un testimonio derivado del caso Sokoa. Durante 15 años el hecho no fue investigado.

Fue fundamentalmente la actitud del fiscal de la AN Fungairiño, seguida sin objeción alguna por los diferentes jueces instructores, la que condujo a una tramitación que ha sido un auténtico despropósito procesal. Se perseguía la atribución del hecho a Josu Urrutikoetxea, no la investigación de lo realmente ocurrido.

Desde un inicio los datos indicaban que la autoría del asesinato era de ETA político-militar, pues escasas horas después efectuó la reivindicación. Incluso nada más abrirse la causa, en octubre de 1996, el jefe de la Unidad de Policía Judicial de la AN realizó un informe donde expresamente se refería a esa organización. Y pese a ello, la Fiscalía en ningún momento orienta su investigación hacia esa organización; todas las personas que aparecen referenciadas, citadas o en documentos son de ETA militar.

Y se llega al procesamiento...

El auto de procesamiento ahora revocado se dictó en el año 2005. En la AN no se ignora que en el año 1980 había dos ramas de ETA en activo, pero se oculta. Para atribuir a Urrutikoetxea el asesinato se hace la trampa de eliminar el apellido de la organización autora. Se atribuye a ETA. Y ello se completa haciendo lo mismo con el procesado, de quien se dice que pertenece a ETA. Se creó la confusión que se deseaba y necesitaba. Esa argucia y tergiversación de los hechos ha posibilitado que el procesamiento haya estado vigente durante más de 15 años.

Para dictar el auto de procesamiento no había indicios racionales de criminalidad, no existía la más mínima probabilidad de intervención de Urrutikoetxea en el hecho. Nunca debió dictarse. Fue un acto de mero voluntarismo judicial. Ahora se revoca no porque no haya pruebas de participación, sino porque está acreditada su no-intervención.

En este proceso absurdo también tuvo su aportación el TSJPV en los años 2004-2005, cuando asumió la competencia por ser Urrutikoetxea parlamentario en Gasteiz. Fue el instructor del TSJ quien dictó en noviembre de 2004 un primer auto de procesamiento con los mismos elementos de confusión que luego usó el Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la AN. Otra extravagancia: dictar en un sumario dos autos de procesamiento, con igual contenido, por órganos judiciales distintos. Parece que cotizaba procesar a Urrutikoetxea.

El informe actual de la Guardia Civil es taxativo, pero ¿llega tarde? ¿Y qué hubiera ocurrido si la GC hubiera sostenido la afirmación de pertenencia?

Llega cuando las diligencias de investigación pedidas por la defensa tras personarse en la causa, consistentes en numerosos documentos y testificales de dos exmiembros de ETA p-m, ponen de manifiesto lo insostenible de la situación procesal. Y como se hace habitualmente en la AN –es una de sus patologías–, antes de tomar la decisión de revocar es necesario tener el ok de la Guardia Civil, que no pudo más que ratificar lo que decía la defensa. Los hechos de la autoría de ETA p-m y de que Urrutikoetxea no era miembro de esa organización eran no solo irrefutables, sino además notorios.

¿Cómo se ha podido llegar a este estadio tan avanzado de reclamar la extradición a París?

El análisis ha de ser político. El elevado grado de mediatización política de la AN hace que prime ese interés y que el rigor jurídico, las garantías procesales y los derechos fundamentales pasen a un segundo plano cuando se efectúan las solicitudes de extradición, máxime cuando se pide la de una persona como Urrutikoetxea. Además, el debate central ante los tribunales franceses iba a ser el referido a la prescripción y no la autoría.

El ridículo ante otro Estado miembro de la Unión Europea, en este caso Francia, es enorme, superior al que hizo la Justicia española en el caso del «procés», ante Bélgica y Alemania, porque ahí se desestimaron las euroórdenes del TS, pero en el caso de Urrutikoetxea la semana próxima la AN va a comunicar a la Corte de Casación francesa que tras 25 años de investigación ha llegado a la conclusión de que se equivocó al procesarle. Francia ha gastado energías procesales, personales y económicas por un error de bulto de la Justicia española, que ha arrastrado por el mismo camino a sus tribunales.

Urrutikoetxea ha estado y está envuelto en media docena de procesos de lo más variopintos. ¿Qué concluye de ello?

De las cuatro causas por las que se solicitó la entrega, dos de ellas ya han caído. El Estado, y especialmente la Guardia Civil, va a poner todos sus medios y empeño en el sumario por el atentado contra la casa-cuartel de Zaragoza. Pero tampoco habría que descartar que tratara de abrir nuevos procedimientos teniendo en cuenta lo que Urrutikoetxea significa y la pretensión de simbolizar con su castigo el relato de la derrota de ETA.