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MOVIMIENTOS POLÍTICOS EN LA CAV

Patrañas en el Parlamento

El Gobierno de Iñigo Urkullu está acostumbrándose a negar la realidad ante el Parlamento, incluso cuando hay grabaciones en vídeo que le desmienten, y también a negarle información solicitada. Una degradación sin coste político que PNV y PSE resuelven recordando que tienen mayoría absoluta. Pero no dicen que también, menos votos que nunca.


Después de un par de preguntas parlamentarias en las que estaba quedando claro que las FSE no tienen el respeto debido al Departamento de Seguridad, esta semana el consejero Josu Erkoreka tomó la decisión de no enviar al Parlamento la estadística sobre controles de la Guardia Civil y la Policía que Estefanía Beltrán de Heredia, su predecesora en el cargo, había dado a conocer sin problema alguno.

Ahora, de pronto, esa información solicitada por Julen Arzuaga, como las anteriores, «podría suponer un riesgo para la seguridad y labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actuantes» y, por ello, había pedido permiso a «la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma» para«someter a su consideración la petición cursada por su señoría».

Es difícil discernir si Josu Erkoreka pretendía con su estratagema ahorrarse el bochorno de reconocer otra vez que por mucho que pide a Madrid que se le comuniquen los controles que las FSE plantan en la carreteras de la CAV, éstas siguen campando a sus anchas, o le ha podido la animadversión que empieza a demostrar abiertamente contra la segunda fuerza política del Parlamento.

Sea como fuere, EH Bildu ha pedido a la Mesa del Parlamento amparo para que se ofrezca a la Cámara autonómica la misma información que en requerimientos anteriores. La función de control del Gobierno que le corresponde no puede estar al albur de cambios de humor del consejero de turno.

Cambios de humor con los que parte del Gobierno, cuando le van mal dadas, pasa a ejercer de oposición de la oposición. El viernes 14 de mayo, en el pleno del Parlamento de control del Gobierno, estaba registrada la pregunta de «¿qué opina el Sr. Erkoreka sobre la actitud agresiva mostrada últimamente por la Ertzaintza?», registrada por Julen Arzuaga en referencia a la actuación policial en las manifestaciones convocadas por Ernai en las que se registraron 60 heridos y 8 detenidos, de los que cuatro tuvieron que pasar por un centro sanitario. Había constancia de ello en varios videos que circulaban por la red.

En estas preguntas hay un turno para plantearla, otro para responderla, un turno más para repreguntar y la última palabra queda siempre en boca del consejero o consejera. Para su primera intervención, Erkoreka tenía preparado decir que si hay alguna actuación incorrecta individual de un agente de la Ertzaintza, el afectado tiene la vía de presentar una denuncia o una queja.

Para quedarse con la última palabra, se había provisto de un tuit de Ernai Gasteiz copiado en tamaño folio y en color en el que con la imagen de un policía con cabeza de perro se leía «denok gorroto dugu polizia». La exhibición de carteles había sido hasta el momento una estrategia menospreciada por los gobiernos en aras de la seriedad y el respeto institucional. Josu Erkoreka acababa de dar el salto al otro lado.

El 10 de julio de 1978, después de que la Policía española matara en Sanfermines a Germán Rodríguez, el ministro de Gobernación, Rodolfo Martín Villa, esculpió la frase lapidaria de «lo nuestro son errores, lo suyo son crímenes».

En un contexto evidentemente menos trágico y sangriento, aunque con actuaciones policiales grabadas muy preocupante, el consejero de Seguridad tenía preparada su propia teoría exculpatoria frente a EH BIldu: «en el caso de la Ertzaintza no hay una actitud grupal colectiva de animadversión con respecto a ningún colectivo». Y, sacando el cartel, aseguró que «sin embargo, sí hay actitudes colectivas, grupales que lindan con el odio», «que están auspiciadas por ustedes, por colectivos encuadrados en la izquierda abertzale, que están en las puertas del delito de odio del artículo 510 del Código Penal».

A los pocos días, sindicatos de la Ertzaintza se encargaron de contradecirle abiertamente, atacando directamente no solo a una opción política, sino a su coordinador general, Arnaldo Otegi. Uno, ESAN, lo hizo motu proprio con un comunicado público. Otros, como ErNE, SiPE y Euspel, a preguntas de unos diarios cercanos a Sabin Etxea. El dato sobre cómo se gestó la noticia es elocuente para hablar sobre «actuaciones grupales».

Pero el mayor problema del consejero de Seguridad no es que le dejen en evidencia los sindicatos policiales, sino que la realidad grabada en video desmienta hasta por dos veces sus declaraciones oficiales en el Parlamento. Por lo visto en el pleno del 14 de mayo a Josu Erkoreka le habían preparado lo de blandir un cartel contra EH Bildu, pero no para que le mostraran la foto de un agente, que después de varias actuaciones muy violentas el 7 de mayo por la tarde, precisamente frente al edificio de la Cámara, lucía en su muñeca pulseras de los ultras españoles de Jusapol y de los racistas y supremacistas de Blues Lives Matter.

Lo único que se le ocurrió responder al consejero de Seguridad ante la evidencia de la imagen, fue un «con respecto a la foto que me ha enseñado, compruébela si es real o no, y si se corresponde a ese día o no, porque ese día el traje de la Ertzaintza era diferente, llevaban manga larga. O sea que compruebe todo esto que fija en la red».

Quizá por la distancia, Josu Erkoreka no vio que el agente de las pulseras iba arremangado y no en manga corta. Pero más llamativo es que una semana después no hubiera comprobado el vídeo completo con una actuación del agente que, medie o no denuncia o queja, debería estar siendo investigado de oficio por el propio Departamento. Las imágenes son elocuentes.

Pero estamos hablando de nada menos que de un vicelehendakari primero y consejero que a lo evidente le llama «patraña», negando primero de forma oral la propia realidad y después por escrito y con su firma. En el Pleno de Control del 30 de abril, en relación con un desahucio en Abadiño, Josu Erkoreka aseguró que «la Ertzaintza, con la empresa Desokupa, no tuvo ninguna relación ni antes, ni durante, ni después». Es más, la Ertzaintza «ni sabía» que Desokupa «estaba interviniendo en esa situación, no tuvo absolutamente ningún contacto». Conclusión del consejero: «Todo lo que ha circulado a ese respecto, patraña. Una patraña que no tiene ningún fundamento».

Al día siguiente, la propia Desokupa publicó un vídeo en el que se ve a su líder hablando con la patrulla de la Ertzaintza a la que le dice que han enviado copia de sus papeles a la comisaría y les comunica cómo va a actuar. Antes de marcharse, los ertzainas le aclaran que «vamos a estar por aquí. Si la cosa se pone fea, nos pegáis un toque».

Lo que se convierte de pronto en «patraña» es lo de que no hubo ninguna relación entre Desokupa y la Ertzaintza. Pues aún así, después de la publicación de ese vídeo, el Departamento de Seguridad respondió por escrito al Parlamento, con firma de Josu Erkoreka, que la «Ertzaintza no ha mantenido ni antes de producirse el desalojo, ni durante el mismo ni con posterioridad relación de colaboración alguna con la empresa Desokupa».

Quizá esta huida de la realidad del vicelehendakari pueda entenderse sabiendo que fue el propio lehendakari, Iñigo Urkullu, quien le abrió el camino. El 11 de octubre de 2019, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU reprocharon al lehendakari que en la huelga del Metal de Bizkaia se hubiera puesto de parte de la patronal diciendo en público que había hecho «todo lo posible» para el acuerdo. Urkullu lo negó, acusó de irresponsables a quienes lo decían, se vino arriba y retó a «escuchar la transcripción de mi grabación, que estará disponible, supongo, por los organizadores del acto».

Pues sí. La grabación estaba disponible y en ella el lehendakari decía textualmente «estoy seguro también de que por parte de las empresas, por parte de la FVEM, se ha hecho todo lo posible en estos meses para intentar alcanzar acuerdos». A reglón seguido, alegando que los sindicatos habían anunciado la huelga desde primavera concluía que «me parece a mí que voluntad de acuerdo tampoco es que exista».

La grabación de los organizadores que nos había invitado a revisar desmentía nítidamente al lehendakari, pero nunca hubo una rectificación.

Con estos antecedentes y por aquello de la relación jerárquica, tampoco es extraño que el anterior consejero de Salud, Jon Darpón, hiciera de su capa un sayo, toreando repetidamente al Parlamento hasta que dimitió cuando iba a ser reprobado por la Cámara. Y que la actual, Gotzone Sagardui, niegue lo que los whatsapp que ella misma lee evidencian, por eso se saltó ante la comisión los párrafos que la inculpaban.

A este Gobierno parece no importarle devaluarse de este modo ante el Parlamento y que, a su vez, el Parlamento quede en evidencia ante la ciudadanía. Pero ya han repetido una y otra vez que el 12 de julio las elecciones les dieron la mayoría absoluta. Lo que no dicen nunca es que fue con el menor número de votos sumado por PNV y PSE en toda la historia autonómica de la CAV desde 1981.