El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ni siquiera vio indicios de delito para acusar al presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali, que en su declaración negó ayer cualquier implicación en las violaciones de derechos humanos que le atribuyen las dos querellas presentadas en su contra.

Pedraz destacó que «el informe de la acusación (...) no ha suministrado elementos siquiera indiciarios que avalen la existencia de motivos bastantes para creerle responsable de delito alguno».

«Las declaraciones de los testigos en la causa no tienen prueba corroborativa», añadió.

Por ello, el juez volvió a rechazar las medidas cautelares –prisión provisional y retirada de pasaporte– que pedían las acusaciones al no ver tampoco riesgo de fuga, y se limitó a pedir que facilite un teléfono y un domicilio para poder localizarlo.

De hecho, unas horas después, Ghali, abandonó el Estado español en un avión oficial argelino que partió desde el aeropuerto de Noain.

Ghali, que declaró por videoconferencia desde el Hospital de San Millán-San Pedro (Logroño), donde estaba ingresado desde el pasado 18 de abril por covid-19, estaba citado por una querella formulada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadedh) y por otra presentada por el hispano-saharaui Fadel Breica.

El presidente de la RASD subrayó en su declaración que «su participación, como ministro de Defensa en aquella época, no tenía ningún tipo de responsabilidad ni de acción en la conducta que se le imputaba por parte de las acusaciones», señaló su abogado, Manuel Ollé. El abogado de Ghali concluyó que en la comparecencia judicial ««se ha demostrado que son absolutamente falsos los hechos que han sido objeto de la acusación». Atribuyó las acusaciones a fines políticos «para tratar una vez más de minar la credibilidad del pueblo saharaui y su lucha en el camino hacia la autodeterminación que le corresponde».

«Se ha tratado, aprovechando que estaba aquí, de utilizarlo como un trofeo o como una presa política», denunció. Por ello, solicitará el sobreseimiento libre de las actuaciones y la condena en costas de las acusaciones al estimar que han actuado con mala fe y temeridad.

La Presidencia de la RASD confió en que la decisión de Ghali de cooperar con el tribunal español destapará «las falsedades, fraudes y las sórdidas manipulaciones que se hallan detrás de las infundadas acusaciones de los servicios marroquíes». Según la RASD, suponen una propaganda que presenta al verdugo como víctima, y acusó a Marruecos de recurrir a prácticas propias del apartheid con el fin de exterminar al pueblo saharaui.

Rabat ha presionado al Estado español sobre el destino de Ghali. Su embajadora, Karima Benyaich, advirtió de que lo que ocurra con el líder saharaui es un test que podría empeorar la crisis entre ambos estados, aunque las exigencias de Rabat van más allá y reclama un respaldo contundente a la ocupación del Sahara Occidental.