El Tribunal General de la Unión Europea (TUE) restituyó de forma provisional la inmunidad de los eurodiputados de JxCAT Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, aceptando el recurso en el que pedían medidas cautelares.

El TUE ha decidido otorgárselas «hasta que se adopte el auto que ponga fin al presente procedimiento de medidas provisionales».

La decisión se toma cinco días antes de que la Eurocámara retome de nuevo sus sesiones en Estrasburgo, evitando así que las autoridades francesas puedan detenerlos ante una hipotética euroorden que pudiera emitir el Tribunal Supremo español.

La Eurocámara decidió levantarles la inmunidad el pasado 9 de marzo, aceptando el suplicatorio solicitado por el juez Pablo Llarena. Puigdemont, Comín y Ponsatí presentaron una demanda en la que alegaron que la Eurocámara «no les ha garantizado la posibilidad de ejercer, en su calidad de diputados, sus derechos fundamentales como representantes de los ciudadanos de la Unión», explicó el Tribunal con sede en Luxemburgo.

Además, «habida cuenta de que el Parlamento ha anunciado que reanudará» sus sesiones en su sede de Estrasburgo el 7 de junio de 2021, los diputados añaden que se verían expuestos al riesgo de ser detenidos si viajaran a Francia», agregó la Corte.

A Estrasburgo

Por otra parte, el Tribunal Constitucional español, dividido, rechazó ayer los recursos del líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y del expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y actual secretario general de Junts, Jordi Sànchez, contra la sentencia por «sedición» que les impuso el Tribunal Supremo, confirmando las condenas, lo que agota la vía judicial en el Estado español y abre la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

«Vamos a Estrasburgo a acusar al Estado», señaló Cuixart. Ambos fueron sentenciados a nueve años de prisión por un delito de «sedición» por su participación en el proceso independentista catalán.

Como ya sucediera con los recursos de los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull, el Constitucional no alcanzó la unanimidad y desestimó los recursos por siete votos a favor y dos en contra, de magistrados que formularon votos particulares en los que sostienen que las condenas vulneraron derechos fundamentales de los recurrentes.