Sin voluntad para asegurar el acceso a una vivienda

La Ley de Vivienda de la CAV cumple este mes seis años. Es el tiempo que ha tardado el Gobierno de Lakua en regular el canon a las viviendas vacías que contempla esa norma. A falta de conocer los detalles del decreto, lo adelantado ayer sobre la cuantía y las condiciones que han de cumplir las viviendas para que se les pueda aplicar hablan de un desarrollo poco ambicioso. De hecho, mientras el consejero Iñaki Arriola cifra en apenas 15.000 las viviendas vacías a las que sería aplicable, Stop Desahucios asegura que son más de 35.000.

Además, el decreto no contempla otras medidas, como por ejemplo, limitar el precio de los alquileres, que no han dejado de crecer desde que los grandes fondos buitre entraron en el mercado del arrendamiento. Sin embargo, los desalojos por impago de rentas no han aumentado gracias al decreto que los prohibió durante la pandemia, pero su vigencia termina el 9 de agosto y es posible que a partir de entonces se multipliquen. De hecho, las ejecuciones hipotecarias han empezado a crecer y los desahucios continúan siendo una práctica habitual. Datos que muestran el deterioro de las condiciones de acceso a la vivienda, y que puede ser la razón que está detrás de este tibio decreto con el que Lakua confía en maquillar su pobre intervención.

Esas pocas actuaciones están a menudo en total contradicción con los presupuestos recogidos en la Ley de Vivienda, como ocurre en Olarizu. Además, aprovechando el desalojo de las personas que las ocupaban, el alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran, se permitió decir a los desalojados que «hay unas obligaciones y unos derechos». Aunque el PNV no la aprobó, Urtaran debería saber que la Ley de Vivienda reconoce en su segundo capitulo el derecho subjetivo al acceso a una vivienda digna. En vez de lanzar discursos moralistas a personas sin techo, tal vez debería repasar si la institución que preside está haciendo algo para garantizar ese derecho a todos los gasteiztarras; entre otras cosas, porque esa sí es su obligación, por ley.