Un impuesto verde a centros comerciales

La necesidad de impulsar un nuevo modelo fiscal y de promover la transición ecológica son dos de los temas principales en la conversación política global. El punto de intersección de ambos debates es la fiscalidad verde que pretende, no solo recaudar recursos para las arcas públicas, sino también disuadir comportamientos que causen perjuicios al medio ambiente.

El modelo de grandes centros comerciales es, sin duda, uno de esos comportamientos medio-ambientalmente nocivos, dado que inducen al uso del coche privado. Esa fue la premisa que motivó que en 2019 el Parlamento de Gasteiz aprobara de forma unánime una ley que prohíbe la implantación de estos centros fuera de las ciudades. Y esa es la razón de que EH Bildu haya presentado una propuesta de ley para que se establezca un impuesto medioambiental a los grandes centros comerciales. Desgraciadamente, PNV y PSE, en el papel de fieles escuderos de Amancio Ortega y compañía, han rechazado esta opción. Sus argumentos son tan inconsistentes que apenas pueden ocultar que sus motivos son, una vez más, proteger los intereses de la patronal.

Este tipo de impuestos son perfectamente legales en el marco europeo. Los tribunales superiores de varias comunidades, el Supremo, el Constitucional y el Tribunal de Justicia de la UE han ratificado su legalidad y, de hecho, están en vigor en varias comunidades, sin ir más lejos en Nafarroa.

La crisis de la covid no ha producido un impacto especialmente duro en estos centros, que han incrementado sus ventas en un 2% en 2020 y que, aunque ya no vivan el boom de tiempos pasados, han crecido en ventas ininterrumpidamente en la última década. En estos años se ha producido también la explosión del comercio digital, siendo el pequeño comercio el único canal comercial que ha sufrido un sostenido descenso de actividad. Huelga decir que el comercio local no sufriría ningún impacto por este impuesto, más bien lo contrario.

Los costes imputados por el Gobierno Vasco al coche privado por la contaminación, los accidentes y la contribución al cambio climático son de 1.000 millones al año. Los centros comerciales provocan el 6,6% de esos desplazamientos, alrededor de 36 millones al año. En la CAV hay 700.000 metros de centros comerciales propiedad de fondos-buitre y otros especuladores internacionales. La mayor parte de las empresas instaladas en esos centros son también poderosas multinacionales. Tasar esos centros y sus 42.000 plazas de aparcamiento, tal y como proponía EH Bildu, podría reportar un mínimo de 15 millones anuales. Pero el PNV es el campeón de la fiscalidad para ricos y el PSE se niega a aprobar aquí lo que ha promovido en otras comunidades.

Cabe señalar que EH Bildu ha propuesto igualmente que se cree una comisión de estudio para luchar contra el fraude en el comercio digital y evaluar las posibilidades de incrementar la imposición sobre los campeones de la elusión fiscal, como Amazon. La respuesta del Gobierno, la misma negativa.

El impuesto medioambiental a los grandes centros comerciales podría haber sido un ejercicio de libro de fiscalidad verde, pero se ha topado con un gobierno que no cree en ella. El rechazo a nuestra propuesta de ley es una oportunidad perdida, pero EH Bildu seguirá impulsando este objetivo por otras vías hasta que se imponga la lógica. La lógica, elevada a principio en el tratado de funcionamiento de la UE, de que «quien contamina paga». Y los centros comerciales contaminan.