La criba previa de candidatos llevada a cabo por el Consejo de Guardianes de la Constitución y las renuncias han dejado el camino totalmente despejado para una segura victoria del candidato principalista, Ebrahim Raisi. De los cuatro aspirantes que han llegado al día de la votación, tres pertenecen al ala más ultraconservadora de los denominados «principalistas» y el único considerado «reformista» apenas cuenta con opciones.

Los dirigentes de la República Islámica no han querido dejar el menor resquicio y han despejado el camino al jefe del Poder Judicial, Ebrahim Raisi, del ala más ultraconservadora.

Los ultraconservadores ya ganaron las legislativas de 2020, marcadas por una abstención récord (57%) en un contexto de invalidación masiva de candidatos moderados y el desencanto de la población, aún palpable.

Con un candidato que los reformistas ven imbatible y la sociedad iraní desencantada y sin opciones en las urnas, se puede repetir una tasa de participación históricamente baja, pese a los llamamientos a votar.

Los escasos sondeos disponibles prevén una participación inferior a 40%. Hassan Rohani, que no puede volver a presentarse, ha admitido que una falta de movilización popular el día de la elección pueda perjudicar la legitimidad del país. El líder supremo, Ali Jamenei, también ha pedido una alta participación que «dará más dignidad al sistema de la República Islámica». «Si la participación de la gente es reducida, tendremos un aumento de la presión del enemigo», alertó.

Pero el riesgo de una alta abstención no ha hecho que los líderes chiíes abran la mano para permitir más opciones.

Las crisis económica, en gran medida por las sanciones reimpuestas por EEUU desde 2018, y la negociación en curso en Viena sobre el acuerdo nuclear de 2015 son los retos de los aspirantes, pero también pueden dar señales sobre la sucesión de Jamenei.

Pese a que la mayoría son principalistas, siguen la posición del guía supremo y todos se declaran favorables a las negociaciones en Viena para reintegrar en el pacto a EEUU a cambio del levantamiento de las sanciones impuestas por Washington.

La economía iraní había vuelto a crecer en 2016 tras la firma el año anterior del acuerdo, el gran logro diplomático del presidente saliente. Pero el restablecimiento de las sanciones hundieron a Irán en una virulenta recesión, cuyo alcance se amplificó por la pandemia. Aunque el PIB iraní comenzó a estabilizarse en 2020, según el FMI, el poder adquisitivo de los iraníes se vio erosionado por la inflación y el país está lejos de haber amortiguado las consecuencias sociales dramáticas de la recesión.

Los planes de Rohani para liberalizar el país y atraer inversionistas extrajeros quedaron arruinados por las sanciones. A esta decepción económica se le suma la decepción social por la falta de reformas. Aunque la policía de costumbres está menos presente en la calle, un movimiento contra la obligación de las mujeres de cubrirse en público fue severamente reprimido en 2018. También fueron reprimidas a sangre y fuego dos olas de protesta popular en 2017-2018 y en noviembre de 2019.

Defensores de los derechos humanos, en particular de los derechos de la mujer, permanecen detenidos y algunos vieron aumentadas sus condenas.

Los candidatos

Ebrahim Raisi es un ultraconservador de 60 años que fue jefe de la Autoridad Judicial desde 2019, tras tres décadas en el sistema judicial. Logró el 38% en las presidenciales de 2017.

Entre las organizaciones de derechos humanos, y especialmente entre la diáspora iraní, su nombre causa pavor. Le recuedan como el fiscal adjunto-juez del Tribunal Revolucionario de Teherán que a fines de la década de los 80 ejecutó a miles de opositores. Es un pasado que los críticos aún le reprochan, pero que le da aún más legitimidad a los ojos de los conservadores.

En los últimos años, desde la cúpula del poder judicial, ha multiplicado los juicios por corrupción por los que han pasado altos cargos y jueces, lo que le ha permitido derrocar a algunos de los principales opositores políticos.

La lucha contra la corrupción ha sido su bandera electoral y en la economía aboga por inversiones en infraestructuras, electricidad y salud desde las fundaciones y las empresas de la Guardia Revolucionaria. Dice querer construir cuatro millones de viviendas en cuatro años.

Sobre la cuestión de las libertades, cuenta con el apoyo de los partidarios de las mayores restricciones. En 2016 se distinguió por prohibir los conciertos musicales en la ciudad de Mashhad, bajo su autoridad religiosa.

Amirhosein Ghazizadeh-Hashemi, otro diputado principalista, propone un plan de préstamos para jóvenes «para el matrimonio y el trabajo».

Mohsen Rezai, general de división, excomandante de los Guardianes de la Revolución, entre otros cargos, fue candidato tres veces y obtuvo su mejor resultado en 2013, con el 10,6% de votos.

El único aspirante al margen del sector más ultra es Abdolnaser Hemmati, exdirector del Banco Central, pero no ha recibido un apoyo explícito de los reformistas. Procedente de la minoría turcohablante, es partidario de reformas económicas liberales y aboga por recudir la «injerencia del Estado en la economía».