El plan industrial para la reapertura de Corrugados de Azpeitia que presentó la empresa Cristian Lay fue remitido al Parlamento a petición de EH Bildu. Se trata de un único documento de doce páginas, la mitad de las cuales son fotografías y el resto un texto esquemático carente de antecedentes, datos y referencias que justifiquen lo que en el mismo se expone. Desde luego, no da la impresión de que tras ese documento haya un trabajo en profundidad para desarrollar un proyecto industrial; más bien parece un soporte para la presentación de una idea que apenas ha traspasado el umbral de las musas.

Un ejemplo claro es que el propio documento reconoce que en la planta de Corrugados –sin actividad desde 2013– no se han hecho trabajos para hibernar los equipos a fin de conservarlos para un uso futuro, de modo que ocho años después su utilidad puede estar seriamente comprometida, lo que podría condicionar irremediablemente la actividad productiva en esa planta. A los vacíos del plan presentado hay que añadir los aspectos institucionales relacionados con la planificación urbanística y con la autorización medioambiental, imprescindibles para iniciar la actividad y de los que no se aporta documentación.

Esos problemas graves no detuvieron a la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, que utilizó el bosquejo de la empresa para vender un proyecto inexistente con el que atacar a EH Bildu. Dos cuestiones destacan en todo esto. En primer lugar, fue una maniobra muy alejada de los estándares que deberían guiar las relaciones entre instituciones en la búsqueda del bien común. Una artimaña que nada tiene que ver con la lealtad institucional a la que tanto se alude cuando interesa. Por otra parte, hubo una clara utilización del cargo por parte de Tapia para lograr fines claramente partidistas, ajenos a la promoción industrial y la creación de empleo. Los puestos públicos no se deben utilizar así.