El perro de Iñaki Arriola ya no puede comerse más deberes

Las opciones de que el documento para licitar un concurso público se titule con el nombre de la empresa privada a la que posteriormente se dará ese trabajo son muy pocas, si no hay un amaño de por medio. Las opciones de que la empresa que queda penúltima en la baremación objetiva consiga luego el primer puesto del concurso y lo logre gracias a la evaluación subjetiva deberían ser muy bajas, si no hay algún tejemaneje. Las opciones de que en la Administración pública y en una empresa que trabaja para ese Departamento trabajen dos personas que respondan a unas mismas iniciales y que estas aparezcan como autora en ese documento de licitación son limitadísimas, porque no se está hablando de dos perfiles que nada tienen que ver en una red social. No obstante, casi nada es imposible en este mundo.

Todo esto ha pasado con la empresa Sener y Euskal Trenbide Sarea. La licitación se llamaba «Contrato Sener», esta quedó quinta de seis proyectos en la parte objetiva del concurso, pero escaló al primer puesto cuando entró en juego la evaluación subjetiva. Y la autora de esas bases podría trabajar en la empresa de ingeniería.

Puestos a ver cosas improbables, que unos parlamentarios detecten esas irregularidades en la licitación, acudan a un notario y afirmen que temen que la mencionada empresa gane ese concurso malamente, y que al cabo de unos meses todo ello suceda tal y como predijeron, es seguramente lo más improbable de todo. Y sin embargo, esta semana todo ello se ha confirmado.

Al sistema clientelar se le ven los hilos

Mucho más probable que todo eso es que algunas administraciones deleguen en empresas del sector las condiciones de los pliegos y que estas se repartan de manera colegiada los trabajos y los beneficios. Los concursos tienen apariencia de eso, de concurso, pero en muchos casos están amañados. Hay colusión y hay clientelismo.

Esto no es una opinión, ni es algo que sucedió una vez en Valencia. Se acaba de demostrar con el cártel de las consultoras. Partiendo de una investigación de la Autoridad Vasca de Competencia, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha impuesto multas a 22 consultorías, entre las que están algunas de las principales que operan en Euskal Herria, y a varios de sus directivos por manipular licitaciones durante al menos 10 años. Instituciones como los ayuntamientos de Gasteiz y Bilbo o la Diputación de Bizkaia están implicadas.

Todo hay que decirlo, si se quiere hablar de probabilidades, las opciones de que tras el desastre del vertedero de Zaldibar Iñaki Arriola fuese consejero en el siguiente Gobierno de Iñigo Urkullu parecían cercanas al cero. Y, sin embargo, el PSE se empeñó y el PNV aceptó. Acto seguido vinieron los sucesivos socavones del Metro Donostia. Ahora, el último escándalo es esta licitación bajo sospecha. Mala suerte, sin duda, y algo más.

En Zaldibar, Arriola se limpió las manos. Tenía relación personal con el dueño del vertedero. No asumió la responsabilidad tras los informes que habían detectado problemas serios desde hacía tiempo. Por no hablar de la negligencia que imperó las primeras horas, cuando se desconocían los materiales que había en el vertedero. Esto terminó por afectar a la salubridad del aire de la zona. Aquí nos encontramos ya con uno de los actores secundarios más interesantes, Ernesto Martínez de Cabredo, entonces responsable de URA, que minimizó esas afecciones. También tenía relación empresarial con el propietario de Verter Recycling, Ignacio Barinaga.

Martínez de Cabredo vuelve a aparecer en el Metro de Donostia, trasladado de URA para ser director general de ETS por Arriola. Es casualidad, pero no tanta, porque antes fue gerente de Amenabar, una de las adjudicatarias del primer tramo del Metro, cuando se licitó. Sí, ahora es responsable de controlar desde lo público lo que antes ganó en la empresa privada. Y de licitar nuevos concursos para tapar esos agujeros.

Ahora, en relación al «Contrato Sener» con ETS, las excusas sobre ofimática de Arriola y los suyos resultan pueriles. Claro que no va a ser fácil probar la colusión, es lo que tiene la subjetividad. Pero la «mala suerte» de arrastrar un documento viejo junto a la «fortuna» de que los parlamentarios de EH Bildu certificasen lo que iba a suceder ofrece un modus operandi difícil de negar. La trazabilidad de los documentos puede llevar el caso a otras licitaciones previas, donde se empezó a utilizar dicho documento. Porque el sistema clientelar vasco, por supuesto, ni comenzó ni termina con Iñaki Arriola.