Un 12 de julio más, los unionistas celebran la gran fiesta orangista. Para los nacionalistas, forzados a encerrarse durante décadas en sus casas o a abandonar sus localidades por temor a las acciones de los unionistas durante ese día, el 12 de julio es una expresión del sentimiento supremacista sobre la comunidad católica.

En la madrugada, gigantescas hogueras ardían en las barriadas lealistas para celebrar el día en que un noble protestante holandés (William de Orange) con un Ejército costeado por el papa de Roma vencía al legitimo rey católico inglés James II en las orillas del río Boyne, en Irlanda. En esas hogueras, además de madera, se quemaban banderas de la República de Irlanda, carteles electorales de candidatos de Sinn Féin, SDLP y el Partido de la Alianza, muñecos que representan a seguidores del Celtic y una larga lista de símbolos que representan al enemigo para lealistas y unionistas en el norte de Irlanda.

Pese a que han pasado 22 años desde el inicio del proceso de paz en Irlanda, algunos se aferran a odios ancestrales que justifican como defensa de su identidad británica, la misma justificación que utilizan para oponerse a políticas de igualdad o de justicia histórica.

Claro está que a esta situación se ha llegado por la permisividad británica, que siempre se ha basado en la estrategia de «divide y vencerás», clave en las políticas de control social de la mayoría de los Estados.

Precisamente, y aunque muchos lo ignoren o intenten obviar, Irlanda fue colonia de Gran Bretaña y dividir fue la clave del Estado colonial para controlar las continuas rebeliones. Una división basada en otorgar privilegios a una parte de la población para que en su defensa se oprima al resto. En África, la división se estableció en base a etnias. En Irlanda se usó la religión para determinar el acceso de la población a la propiedad de terrenos, la educación... Y esta práctica permaneció arraigada en el norte de Irlanda hasta finales de los 60, pero ya ejecutada por Gobiernos exclusivamente unionistas en Belfast, a los que la que presume de ser la democracia más antigua de Europa permitió aplicar políticas discriminatorias contra la comunidad nacionalista.

Y parte de esa ideología colonial también engloba el concepto de impunidad. Impunidad para los crímenes cometidos en nombre del Estado por fuerzas de seguridad o paramilitares, una impunidad que aún hoy el Estado británico se esfuerza en defender.

Siempre se ha dicho que ley no es lo mismo que justicia. Y en muchos casos es precisamente la ley el obstáculo para la obtención de justicia. Uno ejemplo evidente se vivió hace poco más de una semana, cuando un tecnicismo en el proceso judicial llevó a un juez en el norte de Irlanda a decidir abandonar la investigación de las acciones de dos soldados acusados de tres «asesinatos» y cinco «intentos de asesinato« en la ciudad de Derry en 1972.

Claro que no es el juez el responsable de esta decisión, sino un proceso que permitía que los excesos de los soldados fueran investigados internamente por el Ejército. La controvertida práctica de los militares de investigar sus propias acciones en el norte de Irlanda se suspendió en 1973 ante la preocupación por haber sido diseñada para garantizar que los soldados estuvieran protegidos de los interrogatorios de la Policía y evitar así su enjuiciamiento.

El juez O'Hara consideró que el procedimiento causaba indefensión a los soldados, a los se les negaba una serie de garantías legales básicas: no se les informó de los cargos, no se les dio acceso a representación legal, se les obligó a declarar sin la oportunidad de explicar por qué actuaron de aquella forma. Según el juez, ello convertía sus confesiones en inadmisibles ante el tribunal.

Es los últimos días, la Fiscalía esta revisando todos los casos que se basan en declaraciones similares, realizadas por los soldados en el momento de los hechos en el marco de investigaciones internas. Ahora mismo hay entre 150 y 200 policías y soldados que están siendo investigados por sus acciones entre 1969 y 1998. Si no existen pruebas más allá de las confesiones de los soldados, los casos no podrán seguir adelante.

Considerando que la mayoría de las investigaciones por las acciones de las fuerzas de seguridad en el norte de Irlanda se basan en testimonios históricos, la decisión de O’Hara se justifica en la legalidad, pero flaco favor hace al deseo de justicia de las víctimas y refuerza el sentimiento de impunidad que rodea a las acciones británicas en el norte de Irlanda.

Una impunidad que el Gobierno de Londres planea oficializar con la imposición de un plazo de prescripción para los crímenes cometidos por soldados y policías hasta 1998, acabando de un plumazo con todos los casos vinculados a los 30 años de conflicto.