El representante de Naciones Unidas en Colombia y jefe de la Misión de Verificación de la ONU, Carlos Ruiz Massieu, pidió ayer más esfuerzo al Gobierno de Colombia para garantizar la seguridad de los excombatientes de las FARC. Al menos 280 exguerrilleros han muerto a manos de paramilitares y multitud de líderes sociales son hostigados en las zonas rurales, a menudo hasta la muerte. Una situación de violencia estructural difícilmente compatible con los acuerdos de paz. Sin embargo, esta realidad no causa reacciones airadas de las cancillerías, ni de los políticos, ni de los medios, ni de tantos supuestos defensores de la democracia y los derechos humanos. Un doble rasero injustificable.

Con todos sus defectos, los trabajos y recomendaciones de instancias internacionales, como la ONU, se basan en criterios y metodología contrastados. Por esa razón aquellos que quieren imponer debates interesados, parciales y sesgados –como ocurre ahora con Cuba– tratan de ignorar su labor y sus conclusiones. Lo que realmente les molesta no es la falta de democracia o la violación de derechos humanos, sino que los países sigan su propio camino.

En Colombia no solo se persigue a los exguerrilleros que apostaron por el proceso de paz, sino que la represión alcanza a cualquier tipo de manifestación pacífica. Durante los dos meses que dura ya el paro nacional han muerto al menos sesenta personas, pero no solo por las desproporcionadas intervenciones de las fuerzas de seguridad, sino también por la participación de paramilitares y civiles armados en la represión. De hecho, el representante de la ONU también fue claro en este punto al subrayar que las investigaciones deben continuar hasta que se llegue al fondo del asunto y todos los responsables sean sancionados. Colombia tiene ante sí un largo recorrido, no solo para castigar a los culpables de esas muertes, sino también para desmontar todas las estructuras paralelas violentas que siguen operando pese a los acuerdos de paz.