El Vaticano revela sus propiedades antes del juicio por una compra opaca

El Vaticano ha revelado, por primera vez, el presupuesto anual del departamento que gestiona propiedades e inversiones, en vísperas de que mañana arranque el juicio por una polémica compra en Londres que se destinó a apartamentos de lujo y generó grandes pérdidas.

La Administración del Patrimonio de la Santa Sede (APSA), que se encarga de la contabilidad y de gestionar los bienes inmuebles y las inversiones y que hasta ahora jamás había dado a conocer sus cuentas reveló el sábado, por primera vez, su balance anual, que ha evidenciado un déficit de 66,3 millones de euros en 2020, sextuplicando los 11 millones de 2019. Y lo hizo a tres días del inicio el Londres del juicio en torno a la oscura compra de un lujoso edificio en la capital británica y el entramado de empresas y fondos que dejaron un agujero en las finanzas de la Santa Sede, un escándalo que afecta a la imagen de la Iglesia católica.

Según el informe publicado por primera vez desde su creación en 1967, en el que también se da cuenta del patrimonio que la Santa Sede tiene repartido por todo el mundo, la APSA posee 4.051 propiedades en Italia, así como 1.120 en Londres, París, Ginebra y Lausana. El 14% de las propiedades de la APSA se alquilan y el dinero obtenido se destina a fondos de caridad y de trabajo del Vaticano, según el presupuesto del año pasado. El 86% restante es utilizado por las oficinas del Vaticano o sirve para alojar a cardenales y empleados de la Santa Sede.

El Vaticano tuvo unos ingresos de 248 millones de euros y un gasto de 315 millones.

«La decisión de publicar el documento surge de la esperanza de que aumente la confianza en la labor de la Iglesia», explicó el presidente del organismo, Nunzio Gallantino.

El secretario de Economía del Vaticano, Juan Antonio Guerrero, señaló que están haciendo grandes esfuerzos en materia de transparencia respecto a sus finanzas, una medida que forma parte de la lucha contra la corrupción impulsada por el papa Francisco.

«Venimos de una cultura del secreto, pero hemos aprendido que en materia económica, la transparencia nos protege más que el secreto», dijo Guerrero.

Mañana se sentará en el banquillo el destituido cardenal italiano Angelo Becciu, quien fue sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano entre 2011 y 2018, uno de los cargos más poderosos de la Curia Romana, y asesor muy cercano al papa.

El juicio, que durará varios meses, debe determinar si la Santa Sede fue defraudada por un grupo de empresarios sin escrúpulos o si se trató más de un sistema de corrupción interna que involucra a importantes jerarcas de la Iglesia.

Entre los diez acusados se incluyen trabajadores laicos y religiosos del Vaticano y figuras de las finanzas internacionales, además de cuatro sociedades.

La mitad estaba al servicio del papa Francisco durante la polémica compra de un lujoso edificio de 17.000 m2 en el elegante distrito londinense de Chelsea, del que el papa ha pedido desprenderse rápidamente.

La adquisición de ese edificio, a un precio mayor de su valor real, fue realizada a través de paquetes financieros altamente especulativos, por medio de dos empresarios italianos residentes en la capital británica.

Esa compra «generó pérdidas sustanciales a las finanzas del Vaticano y se utilizaron inclusive recursos destinados a las obras de caridad personales del Santo Padre», reconoció la Santa Sede antes del inicio del juicio.