La Generalitat y el Gobierno español alcanzaron ayer un acuerdo sobre la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat que desbloquea la inversión de 1.700 millones de euros propuesta por Aena, convertirá El Prat en un «hub» de vuelos internacional, e incluye la conexión de alta velocidad ferroviaria con los aeródromos de Reus y Girona.

El acuerdo, alcanzado en una reunión fuera de agenda entre el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, y la ministra española de Transportes, Raquel Sánchez, eclipsó el encuentro de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat celebrado unas horas después.

Puigneró se felicitó de que «Barcelona tendrá un aeropuerto intercontinental» y, además, se constituirá «un sistema aeroportuario con Reus y Girona», algo que era «una condición sine qua non» para la Generalitat.

La ampliación de El Prat –una inversión paralela a otra de 1.600 millones de Barajas– se determinará en el próximo Plan Director, que será posterior al Documento de Regulación Aeroportuaria que debe aprobarse antes del 30 de setiembre.

Afección medioambiental

Pero la última palabra la tendrá la Comisión Europea por la afectación medioambiental, puesto que los planes de Aena pasan por construir una terminal satélite y alargar en 500 metros la tercera pista, que invadiría así el estanque de La Ricarda, en el Delta del Llobregat, un espacio protegido por la red europea Natura 2000.

Entre quienes cuestionan el proyecto, el Ayuntamiento de El Prat ha mostrado su frontal rechazo mientras que el de Barcelona se halla dividido en esta cuestión. También lo había criticado la propia consellera de Acción Climática, Teresa Jordà, de ERC, que afirmó que sería «la primera defensora de La Ricarda», el espacio protegido.

El president, Pere Aragonès, apostó ayer por cerrar un «amplio acuerdo» con los municipios e instituciones implicados para concretar la ampliación.

El portavoz de En Comú Podem en el Parlament, David Cid, reafirmó ayer el rechazo de su grupo y advirtió de que la UE no aceptará el acuerdo en los términos anunciados.

Precisamente, el traspaso de la gestión del aeropuerto era una de las demandas que la Generalitat preveía plantear en al Comisión Bilateral, que no se reunía desde el 1 de agosto de 2018 y que ayer acordó un calendario de trabajo con sucesivas reuniones entre setiembre y enero de 2022 para abordar el traspaso de distintas competencias pendientes.

El Govern catalán mostró su decepción a la salida de una comisión en la que tiene la intención de acordar la transferencia de 56 competencias.

La consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà, hizo una «valoración insuficiente». «Queríamos haber debatido y acordado muchos más traspasos de competencias. Seguiremos trabajando de forma intensa para conseguir estos 56 traspasos pendientes», indicó Vilagrà.

En cambio, Rodríguez consideró el encuentro «fructífero» y «un buen comienzo en la reactivación del diálogo por parte del Gobierno de España». Los cinco acuerdos alcanzados, según Rodríguez, hacen referencia a la reducción de la conflictividad institucional; la encomienda a la Comisión Mixta de Transferencias para que se culmine el traspaso de materias como becas y ayudas al estudio; la creación de un grupo de trabajo para tratar traspasos «viables», como Formación Profesional; la reactivación de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, y la creación de un grupo de trabajo para abordar el traspaso en el ámbito de los ferrocarriles.

El calendario arrancará en setiembre con Rodalies, que abordará un grupo de trabajo, y seguirá en octubre analizando otras materias «susceptibles de ser traspasadas».

En noviembre continuará con la Comisión de Infraestructuras y en diciembre, con la de Asuntos Económicos y Fiscales, para convocar una nueva Comisión Bilateral en enero o febrero del próximo año en la que «analizar el fruto de este proceso».

Además, se acordó una aportación total de 200 millones de euros antes de fin de año para cumplir la inversión en infraestructuras.