Cuando se acerca el 20º aniversario de los atentados del 11 de setiembre, 75 legisladores demócratas de EEUU firmaron el jueves una carta en la que indican que la prisión administrada por la Marina estadounidense en la Bahía de Guantánamo, Cuba, está en mal estado, es costosa y es una vergüenza para los derechos humanos.

En su misiva, señalan que el centro albergó a 800 prisioneros, de los que actualmente quedan 39, «muchos envejecidos y cada vez más enfermos», y que el costo anual de funcionamiento asciende a más de 500 millones de dólares. «Que continúe operativa la prisión es una mancha en nuestra reputación internacional y socava nuestra capacidad para defender los derechos humanos y el estado de derecho», añaden.

Este centro de reclusión se activó a finales de 2001, cuando EEUU buscó por todo el mundo a miembros y partidarios de Al Qaeda cómplices de los ataques a Nueva York y Washington, y de otros contra intereses o instalaciones estadounidenses.

Pero detener y llevar en secreto a cientos de personas a Guantánamo, sometiendo a muchos a torturas y reteniéndolos durante años sin cargos ni el debido proceso, corrompió en gran medida las demandas de justicia de Washington después de los ataques del 11-S.

«Después de casi dos décadas y numerosos esfuerzos de reforma, el proceso de la comisión militar sigue siendo disfuncional», sostuvieron los legisladores que suscriben esta carta.

Los legisladores evocan también el apoyo de Biden al cierre de Guantánamo cuando asumió la Vicepresidencia de EEUU bajo el mandato de Barack Obama en 2009, lo que reiteró tras llegar a la Casa Blanca en enero pasado.

Ni acusados ni liberados

Cuando Biden asumió el cargo, había 40 detenidos en la prisión. Uno fue repatriado a Marruecos en julio y otros diez tienen luz verde para ser liberados y aguardan la repatriación o transferencia a terceros países.

Doce, incluido Khalid Sheikh Mohammed, considerado el arquitecto de los ataques del 11 de setiembre, quedaron bajo el lento sistema de tribunales militares. Solo dos han sido condenados en casi dos décadas; los otros 19 están en el limbo: no han sido acusados ni liberados.

Paralizados bajo el mandato de Donald Trump, los tribunales militares estadounidenses comenzaron a celebrar audiencias nuevamente el mes pasado. Así, está previsto que en setiembre se reanude el caso de Khalid Sheikh Mohammed con una audiencia previa al juicio.