El precio de la electricidad en el mercado ibérico no ha hecho más que subir desde marzo de este año, hasta el punto de que en agosto se han superado los máximos históricos, no una sino varias veces seguidas. En este contexto tan favorable para los productores de electricidad, ayer se supo que Iberdrola ha estado vaciando dos embalses en Zamora y Cáceres para rentabilizar al máximo los elevados precios de la energía. La población local ya ha tenido algún problema con el abastecimiento de agua y en este momento los usos recreativos en los embalses simplemente son imposibles. Todo ello ha provocado la lógica indignación de los habitantes de esas comarcas y de sus representantes políticos.

Desde cualquier punto de vista, dejar en verano los embalses con la cuota de agua mínima permitida es una actuación que raya lo criminal, sobre todo, cuando el fin perseguido no es otro que aprovechar los elevados precios de la electricidad para multiplicar los dividendos que repartirá una multinacional que, en este caso, convienen no olvidar que tiene su sede en Bilbo. En ese afán por acrecentar la riqueza personal de sus accionistas, los directivos no han tenido ninguna consideración hacia el bien común que, en consecuencia, se ha visto seriamente perjudicado. No solo han dejado sin agua a varias comarcas, sino que han estado enriqueciéndose al tiempo que hunden muchas economías familiares.

Si eso pasa con el agua, no es difícil predecir hacia dónde llevaran las multinacionales al mundo en una situación de emergencia climática. Está claro que el libre mercado, en su infinita sabiduría, es incapaz de garantizar el bienestar público, el bien común. Frente al mercado libre, la intervención del Estado es imprescindible, pero no solamente como mero árbitro, sino como agente activo en la definición de las reglas del juego, en la tutela de las grandes corporaciones y, llegado el caso, con una intervención económica directa.