El precio de la electricidad no deja de subir y, al parecer, seguirá así por lo menos hasta fin de año. Este alza en el coste de un suministro básico, que golpea inmisericordemente la economía de las familias con menos ingresos, está presionando al Gobierno para que actúe. La bajada de los impuestos que aprobó en junio hace tiempo que se diluyó. Ahora el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos ha lanzado la idea de una eléctrica pública que rápidamente ha sido matizada, señalando que no pretende nacionalizar nada. No obstante, la Constitución proclama que la propiedad debe cumplir una función social y, en consecuencia, si no la satisface puede ser constitucionalmente expropiada. También han limitado su alcance a integrar las centrales hidroeléctricas según se vayan terminando las concesiones. Largo fían un cambio tan pequeño. Parece una idea destinada a gestionar la presión social en medio de una ola de calor.

El alza de los precios ha desnudado el actual marco institucional de fijación de precios que con tanto mimo han elaborado –en connivencia con las eléctricas– los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP con la inestimable colaboración, entre otros, del PNV. Todos ellos han visto recompensados sus esfuerzos con cargos en los consejos de administración. Lo que han organizado, bajo la apariencia de un mercado, es un sistema para obtener plusvalías de la gente humilde, perpetuando la tradición de las élites hispanas, especialistas en extraer rentas sin aportar nada.

Un cambio de alcance exigiría una transformación radical de ese marco institucional. Una opción podrían ser los contratos de suministro de larga duración a un precio fijo para el grueso del consumo, dejando al albur de la especulación solamente la parte que corresponde a los consumos extraordinarios, como hace, por ejemplo, el Estado francés. El problema es quién somete a las compañías eléctricas cuando tienen comprados a los grandes –y algunos de los pequeños– partidos políticos del Estado.