Después de los departamentos de Var y Vaucluse, en la costa mediterránea gala, es el departamento que engloba a Biarno e Ipar Euskal Herria el que reporta más beneficios a los propietarios de apartamentos turísticos.

Según un comunicado de Airbnb, los ingresos encajados por esa actividad de alquiler en el departamento de Pirineos Atlánticos ascienden a 2,3 millones de euros. Las cifras corresponden tan solo a los contratos firmados entre abril y julio de 2021 a través de la plataforma.

El balance no sorprende, aunque pone en evidencia que tras el periodo de confinamiento esta fórmula de alojamiento ha ganado adeptos entre propietarios y usuarios con el consiguiente perjuicio para los demandantes de viviendas en alquiler tradicional.

Un problema mayor para las generaciones más jóvenes, que también tiene efectos en forma de gentrificación de ciudades como Baiona, cuyas clases populares se ven expulsadas a las periferias, con el consiguiente impacto en la movilidad.

El pasado 24 de julio, el consejo comunitario de la Mancomunidad Vasca votaba a favor de la elaboración de una nueva normativa de cara a compensar el aumento de bienes de alquiler dedicados al turismo, unos 10.000 en los tres territorios.

En esa reunión, el presidente de la institución de Iparralde, Jean-René Etchegaray, entonaba el «mea culpa» al reconocer que el dispositivo puesto en marcha en 2020 «se ha demostrado claramente insuficiente».

Efectivamente, según constataba el consejero delegado en materia de suelo, Filipe Aramendi, muchos propietarios han logrado bordear un reglamento que aludía al alquiler de personas particulares. Les ha bastado con crear una sociedad para sacar más bienes al mercado. A partir de verano, la Mancomunidad deberá ultimar una norma más estricta con la vista puesta en rescatar viviendas para el alquiler tradicional.