El Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua tenía previsto ayer (madrugada en Euskal Herria) la lista definitiva de candidaturas de los partidos políticos a las elecciones generales y presidenciales del 7 de noviembre, unos comicios que para parte de la oposición carecen ya de toda legitimidad tras las medidas que han invalidado varias listas.

Tras la anulación de la personalidad jurídica de dos partidos, los comicios se celebrarán con las candidaturas del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional y otras cinco formaciones: el Partido Liberal Constitucionalista (PLC); el Partido Liberal Independiente (PLI), la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), la Alianza por la República (APRE), Camino Cristiano Nicaragüense (CCN), y el regional Yatama, de la costa del Caribe.

La probable victoria de Daniel Ortega supondrá el quinto mandato, y cuarto consecutivo, del líder del FSLN.

El resto de partidos opositores acusan a estos grupos de colaboracionistas o «zancudos», y subrayan que algunos de ellos han participado en la exclusión de candidatos. Así, fue el PLC y no el FSLN el que pidió la eliminación de Ciudadanos por la Libertad (CxL) a principios de mes.

Las detenciones, más de una treintena, e ilegalizaciones que se han sucedido desde mayo, han eliminado algunos de los rivales en el camino a la reelección de Ortega como presidente y de su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta de Nicaragua, aunque desde el sandinismo se señala que su representatividad es menor que la que se presenta en los países occidentales.

La oposición asegura que al menos siete de los arrestados eran candidatos o potenciales candidatos a las elecciones, –Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Berenice Quezada y Medardo Mairena–.

Entre los detenidos se encuentran además nombres conocidos, incluidos históricos combatientes y exmiembros del Ejecutivo sandinista.

A la vez, las detenciones han desatado una tormenta política en el país y han aumentado la presión internacional contra el Gobierno de Ortega, que ha visto aumentar las críticas desde el exterior, incluso con las de países más alejados de las habituales alianzas occidentales.

Temor a una nueva injerencia

La Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, aprobada por la Asamblea Nacional en diciembre ha sido la base de estas operaciones y su aplicación supone un costo político para Ortega a unos meses de los comicios. El Ejecutivo aprobó la ley como defensa ante las presiones externas, sobre todo tras la grave crisis de 2018, que dejó más de 200 muertos.

Una nueva ley exige, además, que premios o reconocimientos a nicaragüenses en el extranjero deban contar con el permiso gubernamental previo, lo que intenta prevenir otra forma de promoción externa de figuras opositoras.

En un país cuya historia está plagada de continuas invasiones, intervenciones y operaciones extranjeras, sobre todo por parte de EEUU, el Gobierno teme que los comicios sean el campo de batalla de una nueva injerencia.

Aunque la oposición no presentaba en mayo un frente unido para enfrentarse a Ortega, el Ejecutivo sospechaba de maniobras para constituir una alternativa más solida. El presidente acusó a embajadas extranjeras, entre ellas la española, por participar en reuniones dirigidas por EEUU para exigir que eligieran un candidato.

Y con esa sospecha han ido quedando fuera buena parte de los aspirantes de la oposición más hostil. «Intentaban nuevamente organizar otro 18 de abril, otro golpe de Estado para provocar lo que ellos llaman el cambio de régimen», afirmó Ortega recordando las protestas de 2018.

Las disputas entre los diversos grupos opositores tampoco les garantizaban un buen resultado.

La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), que agrupa a 92 organizaciones, habían impulsado una Coalición Nacional para participar, aunque tildaban ya de «fraudulento» el proceso.

Pero no había aglutinado a toda la oposición y, a pesar de los llamamientos a la unidad, no había conseguido unir fuerzas con la Alianza Ciudadana, creada a su vez por la Alianza Cívica, nacida en el fragor de las violentas protestas de 2018.

Cuando el Partido de Restauración Democrática (PRD), que pertenece a la Coalición Nacional, fue inhabilitado el 19 de mayo, denunciado por un grupo de pastores evangélicos por no haber reportado cambios en sus estatutos, esta perdió la opción de presentarse y llamó al boicot a las elecciones.

Poco después el Consejo Electoral también inhabilitó al Partido Conservador porque su presidente había anunciado que no participarían en el proceso, lo que incumpliría la legislación.

La UNAB y la Coalición Nacional pidieron entonces desconocer los comicios calficándolos como «farsa», pero la Alianza Ciudadana siguió adelante, no sin discrepancias internas. Cuando su candidata María Asunción Moreno, huyó a Costa Rica ante la amenaza de arresto, también quedó fuera de juego.

Pese a su alianza con esta formación, el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), mantuvo la candidatura del excontra Óscar Sobalvarro, esperando llevarse, a pesar del boicot, parte de sus votos y situarse como el interlocutor ante el FSLN. También fue inhabilitada.

Críticas en el exterior

Estas medidas han levantado una oleada de críticas en el exterior. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió de que eliminar partidos políticos «no está en línea con los estándares de derechos humanos y resultan incompatibles con elecciones libres y justas».

Asimismo, Canadá, Gran Bretaña, EEUU, la Unión Europea y la OEA también han cuestionado la descalificación de formaciones opositoras y los arrestos, asegurando que el proceso electoral nicaragüense ha perdido toda credibilidad. Washington y Bruselas redoblaron las sanciones.

Se sumaron a las críticas Colombia, Costa Rica, Argentina y México. El 21 de julio, estos países llamaron a consultas a sus respectivos embajadores, en un inusual posicionamiento de los Gobiernos de Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador.

Como respuesta, Managua convocó a sus embajadores en estos países criticando los «señalamientos injerencistas» en asuntos internos del país, según la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Rosario Murillo.

Mientras, Rusia rechazó los intentos de injerencia en Nicaragua y las sanciones, apoyó al Ejecutivo y denunció que EEUU está aumentando la presión sobre el país centroamericano a medida que se acercan las elecciones.

También los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) rechazaron las nuevas sanciones de la UE y la intimidación hacia Nicaragua.

El enfrentamiento con el Estado español elevó el tono. Después de que Madrid y la UE cuestionaran las garantías y la credibilidad del proceso electoral por las decisiones que imposibilitan la participación de algunos candidatos opositores, el Gobierno nicaragüense le recordó al español los «crímenes de lesa humanidad, nunca investigados o juzgados» de los GAL en los años 80 y la «feroz y brutal historia colonial y neocolonial» española. También la represión del movimiento independentista catalán, al tiempo que reiteró que «Nicaragua dejó de ser colonia desde hace siglos y tienen el derecho a vivir recorriendo nuestros propios caminos».

Nicaragua suspende la actividad de seis ONG de Europa y EEUU

El Gobierno de Nicaragua ha cancelado la actividad en el país de seis ONG originarias de Europa y EEUU por «obstaculizar el control y la vigilancia» de las autoridades. Se trata de las norteamericanas National Democratic Institute for International Affairs (NDI), International Republican Institute (IRI) y Helping Hands The Warren William Pagel, M.D. Foundation y de las europeas Fundación Oxfam Intermón (Estado español), Oxfam IBIS (Dinamarca) y Diakonia (Suecia). Y estas seis se suman a las 34 ONG cuya personalidad jurídica ha sido anulada desde 2018.

El Ministerio de Gobernación justificó su decisión explicando que estas ONG «han incumplido sus obligaciones conforme a las leyes que regulan a los organismos sin fines de lucro» en el país al «no reportar estados financieros conforme a períodos fiscales y juntas directivas del país de origen» o «incumplir con requisitos legales establecidos para la recepción de donaciones e informar de las peticiones previas a su recepción».

Además, les acusa de no proporcionar «desgloses detallados de sus estados financieros», de no proveer de «convenios que definan claramente fuente de financiación, cartera de proyecto, impacto social de los mismos y si están acorde a fines y objetivos de la situación». Y dice que carecer de «documentos de identidad de sus proveedores de fondos» y de no informar sobre la «identidad y origen» de sus donantes.

El director de Oxfam en América Latina y el Caribe, Simon Ticehurst, afirmó que la ONG explorará «cómo seguir colaborando con el pueblo nicaragüense, especialmente ante una situación humanitaria crítica». Aseguró que «siempre hemos respetado y adherido a la legislación nacional» y sostuvo que con esta decisión se transmite «el mensaje de que el Gobierno busca restringir más el espacio cívico». GARA