GARA Euskal Herriko egunkaria
EDITORIALA

Algunos apuntes sobre la resaca vasca del 11S


La onda expansiva del ataque de hace veinte años contra los símbolos, el poder, y la población civil de EEUU sigue reververando en este mundo, que cambió para siempre después de aquella masacre y de todas las que le siguieron. Cambiaron hasta desvanecerse las normas de la guerra y se complicaron más si cabe las condiciones de la paz.

Todo subió un grado o varios. Por así decirlo, se saltó de pantalla en crueldad, arbitrariedad e injusticia. Todo valía si se justificaba en «la lucha contra el terror». Por supuesto, incluso el mismísimo terror. La guerra alcanzó hasta a las palabras, que fueron perdiendo sentido en boca de todo tipo de criminales con trajes, fuesen de camuflaje o de rigurosa corbata.

El eco de aquel cambio de era también tuvo sus efectos en Euskal Herria. Conviene recordar el contexto político de aquella época. Resumiendo mucho, es Aznar con mayoría absoluta; el certificado a la impunidad para los condenados de los GAL; la unión de Jaime Mayor Oreja y Nicolás Redondo Terreros de la mano de Fernando Savater; Juan José Ibarretxe pergeñando su plan; hay atentados mortales de ETA y también mueren militantes suyos en varias acciones; a la vez que comienzan las ilegalizaciones de organizaciones políticas vascas. Quienes la vivieron, recordarán la tensión.

En Madrid, aquel mismo 11 de septiembre

Poco antes de recuperar esta semana las imágenes de las Torres Gemelas ardiendo y derrumbándose, se publicaba de nuevo la imagen de Unai Romano tras sufrir torturas salvajes a manos de la Guardia Civil. También se cumplen 20 años ahora. Según recoge su estremecedor relato, era 11 de septiembre de 2001 cuando fue conducido a la Audiencia Nacional e intentó contar al juez Guillermo Ruiz Polanco lo que le habían hecho sin que él ejerciese su tutela. El juez le cortó, le restó credibilidad y no se hizo cargo de la denuncia de malos tratos.

Es decir, el mismo día que se marca en los libros de Historia como el punto de partida de «la guerra contra el terror», que subordinaría el Estado de Derecho a la estrategia militar contra las «organizaciones terroristas y sus aliados», en un país occidental miembro de la Unión Europea y de la OTAN esa guerra ya se había desplegado hacía mucho y se llevaba a cabo con total impunidad. La guerra del Estado español contra la disidencia vasca tiene elementos de una precuela de esa renovada estrategia antiinsurgente.

Quien considere esto una exageración puede hacer varios ejercicios. Por ejemplo, comparar denuncias y manuales de torturas. El relato de Unai Romano en 2001 es tanto o más salvaje que los que se conocerán la siguiente década, y de los que Abu Ghraib es el caso más conocido. Los manuales de tortura de estas fuerzas ocupantes siguen la misma pauta que las utilizadas por las policías españolas. La estrategia de negar esta realidad y de justificarla a través de los medios también es pareja.

Es mentira que veinte años no es nada

Repasando el libro que recoge 500 portadas de “Egin”, “Euskadi Información” y GARA, de entre 1977 y 2019, a poco más de un mes del 11S, aparece una primera página con la foto de la espalda de Iratxe Sorzabal en carne viva como consecuencia de los electrodos que le aplicaron durante su detención en marzo de ese mismo año. En la apertura de ese diario se da cuenta de las primeras bajas de soldados norteamericanos en Kandahar.

10 años más tarde llegaba la Declaración de Aiete, la decisión de ETA del cese definitivo de la actividad armada y la misma Sorzabal formaba parte de su interlocución en Noruega. Hoy en día, a veinte años de aquellas terribles portadas y en el décimo aniversario de Aiete, Sorzabal sigue en prisión. Sobre ella pesan demandas para ser entregada al Estado español con acusaciones construidas sobre aquellas torturas. Las demandas responden a legislaciones basadas en una estrategia de guerra, no en lo que debe ser un Estado de Derecho.

El 11S fue un factor relevante en las decisiones que tomaría ETA después. Según explicarían, su ética revolucionaria les situaba en las antípodas de «masacres que tengan como objetivo al pueblo llano». Subrayaban que las acciones yihadistas «acarrean consecuencias negativas a todos los niveles», entre ellos que se facilitaba la manipulación y se dificultaba la solidaridad.

Desde todo punto de vista democrático, la «guerra contra el terror» ha sido una tremenda excusa para atacar las libertades y los derechos fundamentales de la ciudadanía y los pueblos. Cómo no, también del vasco.