La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, presentó ayer el Plan de Convivencia, Derechos Humanos y Diversidad. El documento contiene elementos y actuaciones de interés, necesarios para avanzar en una agenda inclusiva en materias diversas. Sin embargo, cae en el sectarismo habitual al hacer el repaso del contexto actual.

De dicho repaso cabe concluir que la única violencia relevante que en las últimas cinco décadas ha existido en Euskal Herria ha sido la ejercida por ETA. Claro que se menciona a todas las víctimas de la violencia, pero se obvia el trato desigual que reciben y lo que más las diferencia: la impunidad total de una parte. Se le pide «a ETA y a su universo político» una reflexión «crítica con el pasado», ignorando que ETA no existe y que tanto la organización armada al anunciar su disolución, como lo que el Plan llama «su universo político», han reconocido en más de una ocasión el daño causado. Nunca es suficiente porque lo que se busca no es un reconocimiento que, por otra parte, no han hecho ni el PSOE con la guerra sucia y los miles de torturados, ni Lakua con los casos de tortura atribuidos a la Ertzaintza en un espeluznante informe del propio Gobierno de Gasteiz. Por último, el plan muestra su preocupación por los ataques a la Ertzaintza y los ongi etorri como elementos perturbadores de la convivencia. No contempla cómo afectan a la sociedad vasca el sectarismo manifiesto de una parte de la su Policía –así quedó patente en la muerte de Iñigo Cabacas–. Tampoco valora que casi 200 personas sigan en prisión y con medidas de excepción diez años después de que ETA abandonase la actividad armada. Ni imaginan el insulto a las víctimas que supone el cuartel de Intxaurrondo, por ejemplo.

En su afán por marcar y atacar a la izquierda abertzale, PNV y PSE compran sin reparos el discurso de la derecha española, sin calibrar en ningún momento las consecuencias para el futuro de este país y para su convivencia real.