Los primeros meses de la pandemia destaparon el retrato más triste y cruel de la política de privatización de los servicios públicos, en concreto de las residencias de mayores. La muerte no se anduvo en rodeos al mostrar las trágicas consecuencias, originadas por la desidia de las instituciones y por la cruel insensibilidad de unas empresas cuyo único objetivo es ganar dinero, cuanto más mejor y a costa de lo que sea: contratando poco personal (ni siquiera el mínimo requerido) abaratando costes y pagando salarios de vergüenza. Ahora, cuando se supone que la evidencia de aquellos meses debería de haber encendido las alertas para controlar su gestión, el caso de Txara I, la denuncia de unas trabajadoras y la lucha de todas ellas demuestra que, con pandemia o sin ella, el negocio de las residencias se sustenta en una violencia estructural y continua de malos tratos hacia las personas mayores y, laboralmente, también hacia las trabajadoras que les atienden. Y es que no hay que volverse muy loca para entender que en política se inventó la privatización para eludir responsabilidades sociales y hacer ricos a unos cuantos conocidos, dueños de empresas carroñeras o inmobiliarias codiciosas. Lo malo es que la mayoría parece no verlo, y en esa falta de visibilidad y crítica social, la privatización continúa avanzando como un método ya aceptado de «buena gestión».