El PSE condenará la actuación de Corcuera «si se demuestra»

El parlamentario del PSE Txarli Prieto aseguró ayer que condena el envío de la carta-bomba que mató al cartero José Antonio Cardosa Morales y que iba dirigida a un concejal de HB. Pero lo hizo sin asumir responsabilidades del exministro del PSOE José Luis Corcuera, que aparece ahora señalado en un libro como inductor de los mismos. Prieto se limitó a decir que «si se demuestra» su inducción «caiga todo el peso de la ley». La cuestión es que el caso está cerrado desde hace tiempo y resulta prácticamente imposible que puede reabrirse.

Tras insistir en que él condena todo tipo de violencia, el parlamentario del PSE demandó al de EH Bildu Julen Arzuaga que ayude a que se resuelvan los «300 asesinatos de ETA que sigan sin esclarecer, porque estoy seguro que sabe más que yo y puede aportar más que yo».

En el contexto de un debate sobre la invasión competencial que las FSE hacen de las labores de la Ertzaintza, Julen Arzuaga reprochó a Txarli Prieto lo que entendió que era un tono de «superioridad moral» con el que se había dirigido a él. Y le reprochó su silencio sobre las cartas-bomba remitidas desde el Ministerio de Interior en tiempos de su compañero de partido José Luis Corcuera «vía Intxaurrondo» y que ahora ha vuelto a la actualidad.

En el mismo debate, el representante del PP Carmelo Barrio repitió varias veces su homenaje a la Guardia Civil y a la Policía española, que dijo que son «muy queridas» por muchos vascos. Arzuaga le recordó los nombres de las 22 personas, sin ninguna relación con ETA, muertos en Euskal Herria en controles policiales. En su respuesta Barrio no hizo ninguna mención a ello, pero sí a las víctimas de ETA. Pese a no hablar de los muertos en controles, aseguró que «condenamos todo lo que se haga contra las leyes y la justicia». Reprochó a EH Bildu que su posición se «queda coja» porque no condena la actividad de la extinta organización armada.

Adecuarse a sus competencias

Atendiendo a que el propio Plan General de Seguridad del Gobierno recoge que «se está produciendo un reposicionamiento de las FCSE en Euskadi que buscan tener visibilidad entrando en determinados nichos» que son competencia de la Ertzaintza, «haciendo una interpretación parcial» de la legalidad, EH Bildu presentó una proposición no de ley rechazando esta «reubicación», pidiendo que el Departamento de Seguridad haga un análisis sobre la materia, y proponiendo que el Parlamento reitere «las anteriores declaraciones al Gobierno español a favor de la retirada de las Fuerzas de Seguridad del Estado y su adecuación al estricto ámbito de sus competencias».

PNV y PSE presentaron una enmienda pidiendo que las diferencias se resuelvan en la Junta de Seguridad, e instando al «Gobierno de España a la adecuación de las FSE al estricto ámbito de su competencia». Se aprobó con sus votos, la oposición de PP y Vox, y la abstención de EH Bildu y EP-IU

Lo llamativo fue que los portavoces de ambos partidos difirieron sobre la existencia o no de esa invasión competencial. Jon Andoni Atutxa, del PNV, sostuvo que su grupo «constata que hay resistencias de las FSE a replegar sus efectivos y a remitirse a la tareas estrictamente encomendadas por el marco legal vigente». Añadió que «pese a que ha desaparecido ETA, no han reducido su papel a lo que dice el Estatuto de Gernika». A su entender, es un «incumplimiento más de nuestro Estatuto».

Sin embargo, el PNV no quiso apoyar la propuesta de EH Bildu porque considera que esto debe reconducirse en el seno de la Junta de Seguridad y cree que desde la reunión del 18 de junio la situación ha mejorado.

Desde el PSE, por contra, no se ve invasión alguna y se entiende que las FSE tienen competencias propias que justifican su número. De hecho, Txarli Prieto dijo que declaraciones del consejero Josu Erkoreka tras el 18 de junio hacían ya innecesaria la moción.

Fue llamativa la posición de Elkarrekin Podemos-IU, cuyo representante Gustavo Angulo solo hizo mención al caso del Seprona y el medio ambiente.

EH Bildu, que se abstuvo en la votación, apuntó que será «exigente» en la aplicación de lo acordado, puesto que ello supondría que «un 90% de los efectivos actuales deberían irse». Pero Arzuaga insistió en que el objetivo de su grupo es «el repliegue total de las FSE de nuestra tierra».