El Gobierno israelí ha recrudecido su ofensiva contra la defensa de los derechos humanos en Palestina y ha colocado a seis ONG en su lista de «organizaciones terroristas»: la Unión de Comités de Mujeres Palestinas, la Asociación de Derechos Humanos y Apoyo a Prisioneros (Addameer), el Centro de Investigación y Desarrollo Bisan, la Unión de Comités de Trabajo Agrícola y las organizaciones Al-Haq y Defensa Internacional de la Infancia. El lunes, Israel ya había revocado el estatus de residente en Jerusalén del franco-palestino Salah Hamuri, uno de los principales abogados de Addameer. El Ministerio israelí de Defensa acusa a estas organizaciones formar parte de una red vinculada al FPLP (Frente Popular de Liberación de Palestina), mientras que el ministro de Defensa, Benny Gantz, sostuvo que «se benefician de ayudas de Estados europeos y organismos internacionales obtenidas de forma fraudulenta».

«Esta es una decisión política, no de seguridad, parte de una larga campaña dirigida por Israel contra las ONG palestinas para silenciarlas», denunció Shawan Jarareen, director de Al-Haq.

La Autoridad Palestina la calificó como «un asalto perturbador contra la sociedad civil palestina» y la ONG israelí B'Tselem la consideró «digna de regímenes totalitarios».

En una declaración conjunta, Amnistía Internacional y Human Rights Watch denunciaron un «ataque contra el movimiento internacional de derechos humanos». A su juicio, se trata de una decisión «espantosa», «injusta» y «alarmante» que amenaza el trabajo de las principales ONG palestinas. «Durante décadas, las autoridades israelíes han buscado sistemáticamente amordazar la vigilancia de los derechos humanos y castigar a quienes critican a su Gobierno represivo sobre los palestinos», añadieron.

En mayo, el Shin Beth, el servicio de Inteligencia interno israelí, acusó a las ONG de Cisjordania de «malversar fondos» de varios países europeos, en beneficio del FPLP. En esa ofensiva, cerró e ilegalizó los Comités de Trabajos para la Salud, una importante ONG palestina donde trabajaba Juana Ruiz Sánchez, la trabajadora humanitaria detenida desde hace más de seis meses por Israel.

La labor que realizan realmente estas organizaciones quedó plasmada el pasado lunes en una charla que tuvo lugar en Donostia dentro de la gira organizada por la Asociación Paz con Dignidad, Sare, la coalición ‘CAF, bájate del tres del apartheid israelí’, Unicef, Unrwa y la UPV-EHU. En ella participó Sahar Francis, abogada y directora de Addameer, que trasladó a Euskal Herria testimonios de la cruda realidad que viven los menores palestinos detenidos por Israel. Junto a ella estuvieron Manar al-Amleh, técnica de incidencia internacional de Defense for Children International Palestine, y Ayed Abu Eqtaish, director del Programa de Rendición de Cuentas de la ONG.