NOV. 16 2021 Denuncian «presencia policial» para evitar la marcha opositora en Cuba GARA LA HABANA La presencia policial en las calles de Cuba daba cuenta de la alerta ante la convocatoria de las marchas en las que el Gobierno cubano denuncia una maniobra instigada desde EEUU para impulsar un cambio político. La organización opositora Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en el Estado español, denunció esta «fuerte» resencia policial para impedir las marchas y una «escalada represiva» con retenciones en domicilios, citaciones de la Fiscalía o permanencia de miembros de agentes cerca de viviendas de opositores. Incluyó movilizaciones en defensa de la revolución y «actos de repudio», como el que el domingo se llevó a cabo ante uno de los promotores de las protestas, Yunior García, que había pedido que no se llevaran a cabo las marchas pero anunció que él saldría en solitario. Las autoridades no autorizaron las protestas alegando que los promotores tienen lazos con EEUU. Pese a todo, los convocantes, agrupados en torno al colectivo Archipiélago, decidieron mantenerlas, así como otros actos simbólicos. El Gobierno cubano defendió su veto frente a la «provocación contrarrevolucionaria» que, estimó, responde al deseo de «provocar el incidente que desemboque en el estallido social que propicie la anhelada intervención militar». Para el ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, se trata de una agresión organizada desde el exterior y en la que se emplean agentes internos, y advirtió a EEUU de que no permitirá la agresión persistente contra la isla ni sus «intentos de alterar la tranquilidad ciudadana y dañar la paz social». La tensión se elevó también en el terreno diplomático. El Gobierno español convocó al encargado de negocios de Cuba en Madrid –el embajador está en proceso de cambio– para protestar por la retirada de credencial de prensa a seis periodistas de la Agencia Efe en La Habana. El domingo se restituyeron las acreditaciones solo a dos de ellos. La petición de devolución de credenciales fue respaldada por la Comisión Europea y en el Estado español también por Podemos e IU.