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Militares colombianos asumen ante la JEP ejecuciones de civiles


En el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), órgano creado tras los acuerdos de paz entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano, 21 militares y un civil han reconocido su responsabilidad en la desaparición forzada y muerte de al menos 120 personas en El Catatumbo y de 127 en la Costa Caribe, que «fueron presentadas falsamente como bajas en combate», subraya en un comunicado la JEP.

La Sala de Reconocimiento de este tribunal, que imputó por estos hechos a 25 miembros del Ejército y a un civil, establece que «los crímenes no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos, sin la política de incentivos y la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos en combate». Tras conocerse las imputaciones, 22 de los 26 comparecientes reconocieron su responsabilidad. El oficial de más alto rango en hacerlo es el brigadier general Paulino Coronado Gámez, antiguo comandante de la Brigada 30. «Presento mis sentimientos de perdón por el gran dolor causado por los execrables actos cometidos (...), conllevando al deceso de seres inocentes que se presentan como combatientes, dejando profunda desolación entre sus seres queridos, a quienes ofrezco mi absoluta disposición para contribuir en el esclarecimiento de la verdad, como medio reparador», afirmó en su declaración.

El mayor retirado Guillermo Gutiérrez Rivero, uno de los uniformados de más alto rango imputados por los hechos de La Popa (Costa Caribe), pidió perdón, al tiempo que se comprometió a reparar a las víctimas «aportando toda la verdad que conozco sobre estos homicidios».