Agentes sociales piden en Madrid enmendar la Ley Audiovisual

Òmnium, Kontseilua, Mesa pola Normalización y otros colectivos exigen a diputados soberanistas en las Cortes que haya cambios que garanticen la igualdad de derechos lingüísticos.

«Vinimos a Madrid porque la situación lo requiere», dijo el presidente de Òmnium y uno de los indultados del procés, Jordi Cuixart, en su comparecencia en un hotel del barrio del Retiro, a pocos metros del Congreso. Allí, agentes sociales por los derechos lingüísticos de Euskal Herria, Catalunya, el País Valencià, Galiza y Mallorca se reunieron con diputados soberanistas para pedir enmiendas a la Ley de Comunicación Audiovisual que ha comenzado su trámite parlamentario.

En un lado de la mesa, los representantes de Òmnium, Konsteilua, A Mesa Pola Normalización, Obra Cultural Balear, Acció Cultural del País Valencià y Plataforma Per la Llengua. Del otro, los diputados Mertxe Aizpurua (EH Bildu), Joseba Agirretxea (PNV), Mar Garcia Puig (En Comú Podem), Néstor Rego (BNG), Joan Margall (ERC), Miriam Nogueras (JxCat), Joan Baldoví (Compromís), Mireia Vehí (CUP) y el senador Vicenç Vidal (Més per Mallorca).

Los colectivos presentaron las demandas consensuadas con respecto a las enmiendas al proyecto de ley, destacaron la unidad de acción entre ellos y señalaron que los tres ejes son el doblaje, la “interface” y la financiación, según informó a GARA uno de los participantes del cónclave.

Quien tomó la palabra primero fue Cuixart, quien calificó esta nueva ley como «crucial» por su «calado imprescindible para las futuras generaciones del Estado, que marcará un antes y un después en lo que concierne al mundo de la comunicación, su industria y de las respectivas naciones».

«Tenemos clara la urgencia y trascendencia de la ley. Hemos planteado estas reivindicaciones y exigido a los partidos que respeten los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos», enfatizó. Además, advirtió que si hace falta se convocarán manifestaciones y dijo no descartar una similar a la realizada en Madrid en marzo de 2019 en la que, por defensa de los derechos políticos del soberanismo, decenas de miles de catalanes, vascos y gallegos marcharon por la zona de Atocha y Cibeles.

«Tenemos experiencia en lo que hace a la defensa en las calles... veremos cómo se va desarrollando esta propuesta. Es más que obvio que los diputados que estaban son una mayoría que garantiza la estabilidad del Gobierno, no entenderíamos que no actuaran dada la importancia que tiene para preservar los derechos lingüísticos», recalcó.

En tanto, el secretario general de Kontseilua, Paul Bilbao, afirmó que ha quedado «claro» que «lo que está en juego es mucho» y que de lo que están hablando es «de igualdad» en los derechos de los ciudadanos del Estado y del «prestigio de las lenguas de las diferentes naciones».

«La foto (en alusión a la de la reunión) ha sido interesante por la participación de los políticos y también la unidad de acción que hay por parte de la sociedad civil con este tema. Si complementamos el impulso de la sociedad civil y la posición política podríamos dar unos pasos de gigante», afirmó Bilbao.

Por su parte, el presidente de la Mesa Pola Normalización del gallego, Marcos Maceira, hizo referencia a la grave situación en Galiza y lamentó que el Estado español tenga «una alergia profunda y congénita a la pluralidad que debe ser corregida. No puede haber estado democrático que mantenga el racismo lingüístico».

Los agentes destacaron que exigen que las plataformas tengan su “interface” disponible en euskera, català-valencià y galego, que haya doblaje y subtitulado disponible en los territorios con lengua cooficial (inclusive en RTVE) y que haya un porcentaje de financiación destinado a la producción de contenidos audiovisuales en las lenguas respectivas de cada autonomía.

En este sentido, Bilbao remarcó que «parte de las ganancias de las plataformas ya está prevista que sea invertida en producciones europeas en cada país», en referencia a la normativa aprobada por la UE en 2018, y que lo que se pide es que parte de esos fondos en el Estado sean destinados a la producción audiovisual en lenguas minoritarias.

Otro elemento importante según Cuixart es que la nueva ley tenga un régimen sancionador «claro y riguroso» para que las plataformas no prefieran pagar las multas antes que propiciar el acceso a las lenguas minoritarias.

Fuentes que participaron en el encuentro señalaron a GARA que la reunión fue «cordial» y que algunos de los diputados dejaron trascender la dificultad de articulación con el PSOE debido a sus diferentes vertientes, algunas menos proclives a permitir este tipo de reconocimientos a la plurinacionalidad.

Los dirigentes volvieron a reunirse a puerta cerrada tras la rueda de prensa para analizar lo debatido con los diputados y pensar los próximos pasos que van a dar.

ERC anuncia pacto por el 6%

El grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya anunció ayer un acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez con respecto a la Ley General de Comunicación Audiovisual y la exigencia soberanista sobre la inclusión de un mínimo del seis por ciento en contenidos en lengua catalana en las plataformas digitales (sean producción local o doblados). Por tanto, ERC informaba que retira las enmiendas a los Presupuestos que están tramitándose en el Senado, las cuales se habían presentado en respuesta a que Moncloa había dicho que no podía exigir el cumplimiento de la cuota del 6% a Netflix y HBO por tener sede extranjera. Con el acuerdo, se destinarán a Catalunya 15 millones de euros para producción audiovisual local y se aportará un fondo estatal que asegure el doblaje.D.G.