Emilio Santiago Muiño, investigador y docente que participa en el Grupo de Investigación Transdisciplinar sobre Transiciones Socioecológicas y forma parte del claustro del Programa de Estudios Independientes del MACBA de Barcelona, lanzó un recado al Ejecutivo de Lakua en el transcurso de su comparecencia en la Ponencia para el estudio de la descarbonización de la CAV: las medidas y las estrategias diseñadas hasta la fecha no son suficientes para hacer frente a la emergencia climática.

«Los horizontes de transición que apunta la política a medio plazo de Euskadi, y cito la Estrategia Vasca de Cambio Climático, son mejorables. Porque tomar como base el año 2005 es una decisión política que denota falta de ambición climática, y más después de la COP26 de Glasgow», manifestó. Y lo dijo tras advertir de que «llevamos 40 años haciendo mal la contabilidad de emisiones» y que «la situación es muchísimo peor de lo que nos habíamos estado contando».

Por ello, insistió en que «toca hacer los deberes» y remarcó ante los parlamentarios presentes en la Ponencia que «una reducción del 80% de emisiones con el año 2005 como base es un objetivo obsoleto y climáticamente irresponsable».

«Los países de la OCDE, si quieren introducir una dimensión de justicia climática en sus propuestas de reducción de emisiones, deberían apostar por una reducción de un 55% de emisiones en 2030 con el año 1990 como base, adelantando la descarbonización una década», señaló antes de hacer hincapié en que se trata de un objetivo «técnicamente muy difícil, imposible de cumplir si no se produce una fuerte transformación del sector del transporte».

Subrayó que se trata de un horizonte que, «además de las exigencias de la ciencia, tiene en cuenta la justicia climática, las responsabilidades comunes pero diferenciadas». En este sentido, planteó una pregunta a los presentes: «¿Cuántos materiales críticos estamos dispuestos a acaparar a costa de negar el acceso a otros, a otros pueblos y a otras generaciones?».

En su opinión, ya no sirve «una economía vinculada a una expansión permanente de su esfera material».

La «ley Tapia»

La idea del decrecimiento también fue puesta sobre la mesa por Adrián Almazán, de Ekologistak Martxan, que planteó una «disyuntiva». «La naturaleza básica de los productos que podemos utilizar es limitada, pero el capitalismo industrial nos impone un crecimiento exponencial», alertó, ante lo cual abogó por una transformación «radical de nuestra economía y nuestro modo de vida», defendiendo una desindustrialización. «Y sobre todo debemos apostar por energías realmente renovables, que en su producción y en su mantenimiento no dependan de energías no renovables», añadió.

Aprovechó la alocución para criticar que la Ley de Administración Ambiental de la CAV, conocida como “ley Tapia”, provoca una «erosión muy profunda de la democracia local». «Hay comunidades y terrarios que quieren tener algo que decir sobre su relación con la energía, y se les sustrae esa posibilidad. El recurso de la producción de energía y su consumo se convierte en un ejercicio impositivo desde arriba».

Según Almazán, «tendríamos que ir en la dirección contraria», instalando energías renovables «sin competir con la producción de alimentos, y sin competir con la poca vida y la poca biodiversidad que nos queda. No pongamos nuestros molinos eólicos, que vamos a tener que enterrar ‘in situ’ en 30 años, en los pocos reductos de biodiversidad que nos quedan en una provincia como Álava».