Para abordar cualquier conflicto relativo a la colisión entre sensibilidades, identidades o voluntades diferentes, y más allá de consensos o desacuerdos en el diagnóstico del derecho de los pueblos sin Estado a decidir su futuro, es necesario contar con una mínima calidad y cultura democrática.

El concepto de soberanía como tal, y desde mi punto de vista, tiene claras connotaciones y está íntimamente ligado a los conceptos de libertad y respeto, o lo que es lo mismo, a democracia con mayúsculas, tanto hablemos de la alimentaria, lingüística, económica, política u otras.

En todos los casos se utiliza la soberanía como argumento, por la parte dominante, para negar los legítimos derechos del que solicita autodeterminarse, como es el caso de la extrema o derecha extrema y otras fuerzas llamadas reformistas en el Estado español. Y por la otra, para acogerse al legítimo derecho que asiste a los pueblos para decidir su futuro.

Por la parte dominante, en un claro reflejo de colonialismo trasnochado, se interpreta como pérdida de soberanía el reconocimiento de otras naciones sin Estado, por lo que significa perdida de «dominios o propiedades». Y por parte del que la solicita, como un legítimo derecho avalado y reconocido por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 1514 de 1960, sobre el derecho de libre determinación de los pueblos o derecho de autodeterminación, plenamente aceptado por Estados con otros estándares democráticos.

Actualmente, y simplemente como ejemplo, estamos asistiendo a hechos que cuestionan lo más básico de la soberanía. En Cataluña, por cierto, ejemplo envidiable de integración e inmersión lingüística para inmigrantes y catalán no hablantes, desde los poderes españoles interpretan como una imposición que la mayoría defienda el uso y aprendizaje de su lengua, pero ven normal que una minoría dicte a la mayoría en que idioma se deben comunicar. ¿Acaso temen la cohesión y toma de conciencia en una sociedad diferente?

Por supuesto que hay que proteger los derechos de las minorías, ¿pero ¿dónde estaban cuando nuestro mayor tesoro, el euskara, estaba prohibido y perseguido? Incluso cuando muerto el dictador, ya en su «modélica transición», la recuperación y defensa de nuestro idioma se tuvo que realizar mediante iniciativas y esfuerzos populares, personales o colectivos, en precario y con nulo apoyo institucional. Una vez más los derechos los interpretan en función de sus intereses o sesgo político

Tanto que les gusta hablar de reparación para otros temas, ¿dónde está la que merecía tantos años de represión y desprecio a una lengua milenaria? Con todo aún siguen poniendo trabas a su normalización y uso.

Por no mencionar el Proyecto de Interés Público Superior, recientemente aprobado en nuestra CAV por la fuerza mayoritaria supuestamente soberanista, mediante el cual pueden imponer a la institución más cercana, controlada y mejor conocedora de las necesidades de sus ciudadanos, como son los ayuntamientos, proyectos que políticos ya mimetizados con el cemento u hormigón consideran de utilidad, sin considerar la opinión de sus ciudadanos y «supuestos beneficiarios»

No se pueden construir sociedades que se pretenden igualitarias, conformadas por pueblos diferentes, con la pretensión de convivencia conjunta entre todos, cuando a uno de ellos se le intenta imponer por la fuerza, además de su integración y pertenencia, las características, personalidad o singularidad cultural de la parte dominante, invasora, expansionista o colonial.

Algo tan elemental como es la libertad y el derecho para poder optar a decidir el futuro de cualquier sociedad sigue estando cuestionado desde mentalidades cuya cultura democrática sigue en estado de hibernación. Consideran que el derecho de autodeterminación es incompatible con el derecho o legalidad vigente y yo me pregunto si en un acto de sinceridad refleja aceptan que el derecho vigente no es democrático.

Así nos encontramos con personajes relevantes de la política, supuestamente progresistas y demócratas, que todavía hoy día consideran que hablar de soberanismo o pactar con formaciones políticas que entre sus programas u objetivos incluyen la independencia del pueblo al que representan, son líneas rojas (sic) para alcanzar cualquier tipo de acuerdo programático con dichas fuerzas, renunciando incluso a conseguir mejoras para el conjunto de la población.

Llegados a este punto uno se pregunta si la democracia tiene líneas rojas o espacios prohibidos por los que transitar. ¿Dónde considera el presidente del PSE, Sr. Andueza, al que hay que agradecer su sinceridad, que el derecho a decidir lo que los ciudadanos quieran ser trasgrede los valores y principios democráticos? ¿No será que su nacionalismo español o perfil democrático le impide reconocer el derecho de los pueblos a su libertad?

También hay que agradecer al Sr. Iglesias su consejo a vascos y catalanes de que no seamos ingenuos y pensemos que el Estado va a ceder ante nuestras legitimas pretensiones de conformar pueblos independientes, sobre todo, cuando quien lo dice ha formado parte de las máximas estructuras de Gobierno. Recordará como desde la izquierda independentista vasca se le tendió la mano en la tarea de democratización del Estado, ofrecimiento que se sigue realizando en la actualidad a todas las fuerzas progresistas. Pero eran tiempos de vino y rosas en el asalto a los cielos y, tal vez, este era un asunto menor.

Los demócratas y progresistas sin filtros están obligados a realizar un determinante ejercicio pedagógico en el conjunto del Estado, trasmitiendo y convenciendo a los nacionalistas españoles de que el «secesionismo» –como les gusta llamarlo– no deja de ser un pleno ejercicio democrático con beneficios para todas las partes. Al contrario de lo que algunos opinan, el problema y lo que está en juego no es el Estado en sí, sino su democratización como garantía de su armonioso y fructuoso progreso.