«Los efectos de las acciones de Bolsonaro en la Amazonía pueden ser irreparables»

Licenciada en Biología, profesora de Ecología e investigadora postdoctoral en la Universidad de Alcalá, Sara Villén Pérez (Madrid, 1985) es coautora de un estudio que advierte de la amenaza que supone la minería para los pueblos indígenas aislados de la Amazonía y pide al Gobierno de Brasil que invierta en su protección.

La deforestación de la Amazonía brasileña, la contaminación por mercurio de los ríos y la llegada masiva de trabajadores que puede agotar los recursos alimentarios en bosques y ríos y que llevan consigo enfermedades que pueden diezmar a los pueblos aislados son algunas de las consecuencias de la minería. En la actualidad existen registrados 120 pueblos aislados en la Amazonía brasileña.

El Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro impulsa un proyecto de ley que permitiría las actividades mineras donde ahora están prohibidas y que afectarían a 25 tierras indígenas que albergan a 43 grupos aislados. La situación es muy preocupante para 21 de ellos, en cuyas tierras se concentra la mayoría de las solicitudes mineras, apunta un reciente estudio elaborado por Sara Villén, Luisa Anaya Valenzuela, Denis Conrado da Cruz y Philip M.Fearnside. Análisis que concluye que el Ejecutivo debe invertir en el estudio de la localización y vulnerabilidad de los pueblos aislados y que no debe permitir mayor presión de desarrollo que pueda suponer la extinción de culturas únicas.

¿Cómo afecta la minería a los pueblos indígenas?

Supone una amenaza muy importante, ya que las tierras indígenas en las que viven la mayoría de estos pueblos poseen una de las grandes reservas de minerales del mundo que están casi inexploradas. La actividad minera está prohibida oficialmente en estas tierras, aunque las compañías mineras no dejan de enviar solicitudes para obtener licencias para explotarlas, y la minería ilegal, en muchos casos, campa a sus anchas.

En el estudio que acabamos de publicar encontramos que los pueblos indígenas aislados de la Amazonía brasileña están muy amenazados por la posible legalización de la minería en sus tierras. Encontramos que existen 3.600 solicitudes de prospección y explotación mineral en tierras indígenas en las que viven grupos aislados, y que ocupan más de 10 millones de hectáreas, una extensión comparable a la de Islandia. Además, hay 21 grupos aislados altamente amenazados, cuyas tierras concentran la mayoría de las solicitudes. En algunos casos los proyectos ocupan hasta el 80% del territorio.

Los territorios indígenas son tierras protegidas, pero Jair Bolsonaro impulsa un cambio legislativo que tendría unas consecuencias nefastas. ¿Qué plantea el Gobierno respecto a lo que ahora dice la ley?

Ahora la actividad minera en las áreas protegidas denominadas tierras indígenas no está permitida. La Constitución de 1988 prevé la posibilidad de que esta actividad sea regulada por ley y, desde 1996, el sector desarrollista defiende un proyecto de ley para hacerlo. En 2020, Bolsonaro propuso un nuevo proyecto de ley (PL191/2020) que plantea la posibilidad de desarrollar actividades de minería en tierras indígenas, entre otras cosas.

Brasil tiene una de las legislaciones más antiguas y firmes para proteger a los pueblos indígenas aislados, pero el proyecto de ley PL191/2020 amenaza a 43 de ellos, muchos voluntariamente aislados para evitar que se repitan episodios históricos de violencia y epidemias. Su estudio habla de que la apertura de las tierras indígenas a la minería será la crónica de una muerte anunciada para ellos. ¿Cuáles serán sus principales efectos?

Los pueblos indígenas necesitan sus territorios para sobrevivir. En ellos encuentran todos los recursos que necesitan y forman parte de su cultura. En el caso de los grupos aislados, además, son cruciales para evitar el contacto con otras sociedades como la nuestra. Como bien dices el contacto con nuestra sociedad suele derivar en episodios de violencia y epidemias, que históricamente han diezmado sus poblaciones.

Los proyectos de minería de la Amazonía brasileira tienen graves impactos ambientales. Su implantación promueve en gran medida la deforestación mucho más allá de las fronteras del propio proyecto, ya que se construyen carreteras para transportar los materiales y a los trabajadores, se construyen nuevos asentamientos urbanos para albergar a los trabajadores, etc. De hecho, se calcula que el 9% de toda la deforestación que existe en el Amazonas se debe de forma directa o indirecta a la minería.

La invasión de sus territorios por parte de las compañías mineras aumentaría el riesgo de contacto y, por tanto, pondría en peligro su derecho al auto-aislamiento y su supervivencia. El proyecto de ley PL191/2020 no pone ningún límite a la ocupación de los territorios indígenas por parte de los proyectos mineros, por lo que, como he comentado, en algunas tierras la invasión podría ser desmesurada.

El interés de las empresas aumenta y han presentado muchas solicitudes, hasta ahora rechazadas, y aunque Bolsonaro prometió legalizar la minería en suelo indígena y los lobies mineros tienen aliados en su Gobierno no parece que vaya a ser fácil. ¿En qué momento se halla ese proceso? ¿Hay forma de paralizarlo?

Los lobies mineros llevan presionando para que se permita la explotación minera en tierras indígenas desde 1996. Jair Bolsonaro, al ser elegido presidente en 2019, prometió que haría realidad esta propuesta, y en 2020 propuso el nuevo proyecto de ley para renovar fuerzas. Desconozco las probabilidades que hay de que sea aprobado, lo que sí puedo decir es que parece que las compañías mineras confían en que esto ocurra en algún momento, porque si no, no habría miles de solicitudes de prospección y operación en tierras indígenas.

Los pueblos indígenas llevan décadas luchando contra la extracción minera en sus territorios, aunque algunos líderes defienden su derecho a capitalizar las riquezas minerales de la Amazonía. ¿Se pueden compaginar ambas posturas? ¿Hay alternativas a la explotación de sus reservas?

Algunos indígenas quieren acceder a los bienes materiales occidentales, y ven en la minería una forma de obtener el capital económico necesario. Por otro lado, como bien dices, la mayoría está en contra de la explotación de sus territorios, ya que son conscientes de que la invasión de estas actividades supone un riesgo para su identidad, su cultura y su estructura social. Es una cuestión delicada. Pero es imprescindible que se escuche su voz y que tengan la posibilidad de vetar o poner condiciones a las actividades económicas que se quieran desarrollar en sus territorios, y que, si se desarrollan, se vean compensados por los impactos que van a sufrir.

Hablamos de minería legal, pero la actividad ilegal de oro (el «garimpo») lleva décadas provocando desastres entre los indígenas. ¿Estimula Bolsonaro la minería ilegal y propone autorización legal para su actividad en tierras indígenas?

Desde luego. Su retórica anima a las actividades ilegales como la minería a actuar con impunidad. Un colega del Ibama, el organismo gubernamental encargado de fiscalizar la deforestación en la Amazonía, me contaba que, en alguna ocasión, al tratar de imponer sanciones contra la deforestación, los acusados les habían respondido diciendo ‘mi presidente me lo permite’. Lo peor es que el Ibama está tremendamente debilitado y estas multas no acaban cumpliéndose en la mayoría de casos. Esto refleja que existen varias vías para permitir la explotación de la Amazonía. Bolsonaro las utiliza todas: trata de crear leyes para hacerlo de forma oficial, animando a la actividad ilegal y debilitando los órganos gubernamentales encargados de la fiscalización ambiental (Ibama), el manejo de las áreas protegidas (ICMBio) y la protección de los pueblos indígenas (Funai).

La crisis económica está arrojando a la pobreza a cada vez más brasileños que, sobre todo en la Amazonía, proveen de mano de obra a ese trabajo ilegal y contribuyen a su expansión, como ocurrió en los 80. ¿Qué futuro le espera a la Amazonía con un Gobierno que da a los garimpeiros la sensación de que pueden seguir en esa actividad aunque sea ilegal?

Amazonas es un territorio vasto y muy inaccesible, por lo que la gobernabilidad es tremendamente difícil. Esto siempre ha favorecido la explotación ilegal de sus recursos naturales, que además son muchos y muy ricos.

Existen trabajos científicos que muestran que el acontecimiento de actividades ilegales está relacionado con el riesgo de multa percibido. Por ejemplo, se ha observado que existe menos deforestación ilegal en áreas donde existe un puesto de control del Ibama cercano. En un escenario en el que se debilita al órgano fiscalizador y se transmite un mensaje de impunidad desde las altas esferas, el resultado es devastador. De hecho, las evidencias de los últimos tres años así lo demuestran: una explosión en la deforestación y los incendios, y un aumento sin precedentes de minería ilegal.

La llegada al poder de Bolsonaro no sólo paralizó la labor de la Funai, sino que puso al frente de la misma a un pastor evangélico que trabajó como misionero con la Misión de las Nuevas Tribus de Brasil, asociada a la desaparición del pueblo Zo'é, diezmado en los 90 por epidemias llevadas por predicadores. ¿Quién protege ahora a los pueblos indígenas?

Efectivamente, Bolsonaro puso al mando de la ‘coordinación general de indígenas aislados y de reciente contacto’ de la Funai a un pastor que trabajó como misionero en una organización cuyo objetivo principal declarado era contactar a todos los pueblos aislados del mundo. Su nombramiento fue muy controvertido y, de hecho, Ricardo Lopes Dias –así se llama– promovió acciones para el contacto de pueblos aislados, como una expedición oculta y sin cuarentena previa de COVID-19 a la tierra indígena Vale do Javari, que congrega 16 grupos aislados conocidos.

La presión de grupos indigenistas y de derechos humanos logró su destitución, pero la Funai sigue fuertemente debilitada, con falta de recursos financieros y de personal, y con altos cargos militares sin experiencia indigenista y afines a las intenciones genocidas del Gobierno.

La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) ha denunciado ante la Corte Penal Internacional a Bolsonaro por genocidio y ecocidio. ¿Se podrá poner freno por esta vía a las intenciones del actual Gobierno brasileño?

Espero que la Justicia internacional pueda hacer algo respecto a las conductas del presidente de Brasil. Las consecuencias de sus acciones contra el medio ambiente y contra los pueblos indígenas pueden ser irreparables.

¿Existe en el país una conciencia sobre la riqueza de la Amazonía y sobre las consecuencias de su deforestación?

En muchos sectores de la sociedad sí, pero no es generalizada. Sin embargo, los sectores desarrollistas también sufren sus consecuencias y quizás en parte están empezando a darse cuenta. Por ejemplo, en 2014 hubo un periodo de sequía extrema que dejó a los grandes centros neurálgicos del sur como São Paulo con cortes de agua en los domicilios. Por lo visto, fue consecuencia directa de la deforestación en la Amazonía, ya que la evapotranspiración de la vegetación en la selva genera unas corrientes de vapor de agua muy importantes que descargan en el sur. De la misma forma, la agricultura en el Cerrado también depende de estas lluvias procedentes del Amazonas. Este ecosistema de sabana se conoce como ‘la cesta del pan’ del mundo, por su importancia agropecuaria.

¿Y sobre los pueblos indígenas, su cultura y sus derechos sobre el territorio y sus recursos?

Existen muchas organizaciones en defensa de los pueblos indígenas que valoran su importancia como sociedades y culturas únicas, y reconocen y defienden sus derechos. Sin embargo, hay un importante sector de la sociedad que considera que acaparan demasiados recursos, considerando que las tierras indígenas ‘son demasiado grandes para tan poco indio’. Son las ideas que promueve Bolsonaro y llevan a la invasión de sus tierras, poniendo en peligro sus vidas.