La dimisión del primer ministro sudanés, Abdallah Hamdok, en plena represión de las manifestaciones que denuncian el golpe de Estado de octubre, deja en evidencia, negro sobre blanco, que el país africano vive una pugna, asimétrica y desigual, entre, por un lado, el Ejército y la Policía como garantes del viejo régimen y, enfrente, la sociedad civil sudanesa, sin líderes, pero con una fuerte determinación para seguir exigiendo en la calle la instauración de un poder civil tras la revuelta popular que en abril de 2019 desalojó del poder al autócrata Omar al-Bashir.

Presionados por una acampada permanente ante su cuartel general en Jartum, convocada por una amalgama de partidos y movimientos opositores liderada por la Asociación de Profesionales Sudaneses, los militares decidieron entonces sacrificar a Al-Bashir, quien llevaba 30 años en el poder, en un movimiento calcado al del Ejército egipcio en la primavera árabe de 2011, cuando encarceló al rais Hosni Mubarak después de reprimir con cientos de muertos, pero sin éxito, la revuelta de la plaza Tahrir.

En el caso de Egipto, los militares soltaron la cuerda y permitieron la apertura de un proceso democrático que dio la victoria a los Hermanos Musulmanes para, dos años después, perpetrar un golpe de Estado que devolvió a Egipto, a sangre y fuego, al viejo régimen.

En Sudán, con el autócrata entre rejas, los militares, con el segundo de Al-Bashir y general Abdel Fattah al-Burhane a la cabeza, decidieron pilotar desde el Consejo Soberano un proceso de «transición» bajo control, permitiendo la creación de un gabinete sin poder y prometiendo que en unos años dejarían el poder en manos civiles tras las oportunas elecciones.

Cuando se acercaba el plazo, el general Al-Burhane rompió la baraja y perpetró el 25 de octubre del año pasado un golpe de Estado con el que prorrogó su mandato otros dos años, dio plenos poderes a los militares y a la Policía para reprimir las protestas, e impulsó una ley de inmunidad que aseguraba la impunidad para los autores de los crímenes contra las protestas que dejaron cientos de muertos en la revuelta popular de 2018- 2019.

La impunidad incluye a las milicias islamistas Janjawid que, bajo las órdenes de Al-Bashir, perpetraron el genocidio contra la población de Darfur.

El Ejército destituyó y encarceló a los ministros civiles y a los dirigentes de la Asociación de Profesionales Sudaneses y dejó en arresto domiciliario al primer ministro, Abdallah Hamdok, una figura histórica de la oposición sudanesa.

Secuestrado durante un mes por los militares, Hamdok accedió a retomar el cargo tras asegurar que había arrancado al Ejército el compromiso de liberar a los detenidos y dejar de reprimir las protestas.

Huelga decir que el general Al-Burhane no cumplió ninguna de sus promesas, más allá de algunas excarcelaciones cosméticas. Tras perder su credibilidad ante los suyos, que no dudaron en tildarle de traidor, el primer ministro ha dimitido 42 días después en un discurso televisado en el que reconoció su impotencia. Y es que los militares siguieron reprimiendo a sangre y fuego las protestas en los últimos días del año. 57 manifestantes han muerto desde el golpe de Estado, 15 de ellos desde la vuelta del primer ministro, el 21 de noviembre, según un balance del opositor Comité de Médicos.

Además, los militares han asaltado hospitales para detener a manifestantes heridos, golpeado a periodistas, han irrumpido en medios de comunicación y violado a mujeres durante las jornadas de protesta, según el Ministerio de Desarrollo Social.

Los Comités de Resistencia Umbada han convocado a una marcha del millón para hoy martes, que tendrá como destino final el Palacio Republicano, sede de la Presidencia del país, a la que se ha sumado la Asociación de Profesionales Sudaneses. Los Comités de Coordinación de la Resistencia en la capital, Jartum, han anunciado, además, que habrá al menos cinco grandes manifestaciones durante el mes de enero.

Sorprende, en este sentido, la tenacidad y el ejemplo que los sudaneses están dando al mundo en su pulso con los militares. Lo que contrasta con la timidez de la respuesta internacional. China y Rusia apoyan el experimento gatopardista del Ejército y EEUU y la UE se limitan a abogar por una solución negociada.

El rey (el general Al-Burhane) está desnudo y se prevé un incremento de la represión. Con el objetivo de enterrar el último eco, esta vez africano, de las malogradas primaveras árabes.