La derrocada líder birmana Aung San Suu Kyi fue condenada ayer a cuatro años de cárcel, que se suman a otros dos que ya cumple, a raíz de los procesos judiciales impulsados en su contra tras el golpe de Estado militar de febrero.

La Nobel de la Paz, sobre quien penden además otras acusaciones que todavía se dirimen, fue declarada culpable de la importación ilegal de dispositivos de telecomunicaciones, así como de vulnerar las leyes implementadas contra la pandemia, según informaron a Efe fuentes cercanas al caso.

En dos procesos diferentes, los jueces del tribunal especial habilitado por la Junta Militar en Naipyidó estimó que Suu Kyi violó la Ley de Exportación e Importación y la ley de telecomunicaciones por la tenencia sin licencia de varios walkie-talkies y un inhibidor de señales.

En este caso, los jueces decidieron condenar a la acusada a dos y un año de prisión, respectivamente, si bien las penas se cumplirán de manera simultánea, por lo que solo cumplirá dos años de cárcel.

Suu Kyi también fue condenada a otros dos años de prisión por saltarse, durante un acto electoral con motivo de los comicios de noviembre de 2020, las medidas establecidas para impedir la propagación del covid-19 en Myanmar.

Las dos sentencias se suman a otras dos emitidas a principios de diciembre, que sumaban cuatro años de prisión, aunque fueron rebajadas posteriormente a dos por un indulto de la Junta Militar. Fue condenada por vulnerar las restricciones contra la pandemia y por el delito de incitación contra los militares.

Causas pendientes

Suu Kyi, de 76 años, todavía se enfrenta a numerosos procesos puestos en marcha tras ser derrocada durante el golpe de Estado militar.

La política, que permanece detenida desde la toma del poder de los militares y cumple condena en un lugar desconocido, debe aún enfrentarse a otro proceso por vulnerar presuntamente la Ley de Secretos Oficiales, acusación que se pena con un máximo de catorce años de cárcel.

Y otros seis cargos de corrupción, castigados con hasta quince años cada uno, por una serie de acusaciones tales como el supuesto uso fraudulento de fondos de una fundación caritativa que ella misma presidía, obtener descuentos en el arrendamiento de tierras o aceptar sobornos de 600.000 dólares y 11,4 kilos de oro.

Los abogados de Aung San Suu Kyi, que al inicio de los procesos indicaron que su representada niega todas las acusaciones, no pueden hablar con los medios de comunicación por prohibición expresa de la Junta Militar.

El subdirector para Asia de la ONG Human Right Watch, Phil Robertson, opina que Suu Kyi «es una rehén de los militares», mientras estos tratan de controlar el país mediante «la intimidación y la violencia».

«La junta militar todavía ve a Suu Kyi como una gran amenaza política que necesita ser neutralizada permanentemente», declaró Robertson en un comunicado, en el que tildó de absurdos los cargos juzgados por un «tribunal afín» a los militares.

«Afortunadamente para ella y para el futuro de Birmania, el movimiento popular birmano ha crecido mucho más allá del liderazgo de una mujer y un partido político», aseveró.

Cabe señalar que las sentencias contra Suu Kyi llegaron dos días después de la visita a Myanmar del primer ministro de Camboya, Hun Sen, en el primer viaje oficial de un líder político al país desde el golpe de Estado.

Hun Sen, cuyo país ostenta este año la presidencia rotatoria de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), ha tratado de distanciarse de otros líderes políticos regionales críticos con los militares birmanos y se ha mostrado más comprensivo con el general golpista Min Aung Hlaing, con quien se reunió el viernes.