El excomisario de Policía José Manuel Villarejo declaró el martes en el juicio por el caso «Tándem» que los atentados yihadistas del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils fueron «un error de cálculo del CNI» para dar «un susto» a Catalunya. Ayer matizó sus palabras, señalando que con «susto» se refería a dar apariencia de riesgo para que Catalunya sintiera necesidad de la protección del Estado, pero que con la muerte del imán de Ripoll todo se descontroló. Unas palabras que fueron calificadas de frívolas en Catalunya y que han sentado muy mal a las víctimas de aquellos atentados, que inmediatamente han exigido que presente pruebas que las corroboren y si no que calle.

Lo cierto es que este expolicía que ha medrado por todas las cloacas del Estado y ha estado involucrado en todo tipo de complots carece de credibilidad. Además, realizar declaraciones escandalosas sin aportar pruebas que corroboren sus palabras puede formar parte de su estrategia de defensa, ante las graves acusaciones a las que debe hacer frente. En cualquier caso, la Fiscalía debería investigar esas palabras, especialmente cuando han sido pronunciadas por una persona que ha estado en el centro de toda clase de conspiraciones durante muchos años. Por otra parte, no es la primera vez que se relaciona al imán de Ripoll con el CNI y hasta ahora nadie ha tratado de esclarecer hasta dónde llegaba esa relación.

Todos esos aspectos deberían ser investigados si de verdad hay interés en disipar las dudas que pudieran existir sobre lo que realmente ocurrió en aquellos días previos al referéndum de autodeterminación del primero de octubre. Posiblemente no haya ni interés ni voluntad de aclarar nada. La falta de certezas resulta muy funcional a los que quieren mantener el statu quo: evita que el temor que provocaron aquellos atentados se disipe. Y a un Estado autoritario, ante su incapacidad para convencer a la gente, no le queda otro recurso que atemorizar.