Miles de personas volvieron a salir ayer a las calles de Sudán para reclamar justicia para las víctimas de la represión, cuyo número sigue creciendo desde el golpe de Estado de octubre que abortó la transición iniciada después de que la presión ciudadana obligara al Ejército a apartar del poder a Omar al-Bashir. Las marchas fueron reprimidas de nuevo.

La muerte de siete manifestantes el lunes provocó indignación y la sociedad civil convocó a una huelga de dos días.

«¡Los soldados a los cuarteles!», coreaban los manifestantes en Jartum, mientras que el Comité de Médicos cifraba en al menos 72 en número de fallecidos en las protestas, muchas de ellas por disparos, desde el 25 de octubre. Entre los muertos hay nueve menores, según Unicef, que denunció que niños de hasta 12 años han sido detenidos.

Decenas de sudaneses convergieron ante la sede de la representación de la ONU en Jartum para expresar su oposición a «las soluciones desde el exterior», en referencia a la iniciativa de diálogo de la ONU que las calles rechazan al considerar que supone dar legitimidad a los golpistas mientras exigen la entrega del poder a los civiles.

El presidente del Consejo Soberano y jefe del Ejército, Abdelfatah al-Burhan, ordenó ayer a los vicesecretarios de los ministerios que asuman las funciones de ministros para conformar un Gobierno interino, sin respaldo de las organizaciones civiles, tras la dimisión el 2 de enero del primer ministro, Abdalá Hamdok. Al-Burhan dijo que el objetivo de ese Ejecutivo es allanar el camino a la organización de elecciones y nombró primer ministro al hasta ahora secretario general del Consejo de Ministros, Osman Husein.