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Los periodistas de México se rebelan tras el último homicidio

Lourdes Maldonado, reportera de Tijuana, apareció muerta con varios disparos el domingo, días después de anunciar que ganó un litigio al exgobernador de Baja California Jaime Bonilla. Con ella son ya tres los informadores ejecutados en lo que va de año y casi 150 desde 2000.


Lourdes Maldonado, periodista de Tijuana, había denunciado que podían matarla. Estaba en mitad de una disputa laboral con una empresa vinculada al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, y había recibido amenazas. «Temo por mi vida«, le dijo al presidente, Andrés Manuel López Obrador, en una conferencia mañanera (la rueda de prensa diaria que ofrece el mandatario) celebrada el 26 de marzo de 2019.

Quedó registrado cómo el mandatario le prometió que revisarían su caso, que le darían seguimiento. No sirvió de nada. Casi tres años después, el domingo 23 de enero de 2022, Maldonado murió tras recibir varios disparos en el exterior de su casa. De nada sirvió que el Mecanismo de Protección de Periodistas le hubiese puesto un guardaespaldas o que policías estatales hicieran rondines en las inmediaciones de su vivienda. La reportera se convirtió en la tercera periodista ejecutada en México en el primer mes del año, tras los ataques mortales contra Margarito Martínez Esquivel, también en Tijuana, y contra José Luis Gamboa Arenas, en Veracruz.

La muerte de Maldonado tiene aristas complejas. Jaime Bonilla es uno de los políticos más cercanos a López Obrador y, de hecho, estaba a punto de entrar en su gabinete después de dejar la gobernatura de Baja California. Tras conocerse el suceso, aseguró que el pleito era por medio millón de pesos (algo más de 20.000 euros) y que no era «para ultimar a nadie».

Los colegas de Lourdes Maldonado consideran que la primera línea de investigación debería ser la de Bonilla, pero, por el momento, no hay avances en las pesquisas. En realidad, el 90% de los homicidios de informadores en México quedan impunes, según datos del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Así que es muy probable que nunca sepamos quién mató a la periodista ni quién dio la orden.

López Obrador pidió «no hacer politiquería» con la muerte de Maldonado y aseguró que se investigará para dar con los culpables, pero defendió que no se realicen «juicios sumarios». El problema es que la única pista conocida hasta el momento es el señalamiento que la propia reportera hizo ante el presidente hace tres años.

Su muerte se produce también en un contexto de fuerte polarización. No hay día en el que López Obrador no dedique varios minutos a atacar a los diarios “Reforma” o “El Universal”, dos de las principales cabeceras del país, y los que acusa de seguir la agenda de sus rivales políticos.

Hasta tal punto llega la confrontación que todos los miércoles, en su conferencia matutina, hay espacio para una sección en la que se exhibe lo que el Gobierno considera «mentiras» de la prensa. Esto ha llevado a organizaciones de Derechos Humanos a cuestionar al mandatario por una estrategia que, se considera, estigmatiza a los periodistas y puede facilitar que se incrementen los ataques.

Protestas en todo el país

El muerte de Maldonado ha provocado una revuelta entre los periodistas. El martes, informadores de todo el país realizaron protestas en 47 ciudades de 27 estados. En la Ciudad de México tuvo lugar una vigilia frente a la Secretaría de Gobernación, donde se colocaron los retratos de las víctimas de los últimos años.

Las cifras son desoladoras. Según Artículo 19, organización de defensa de la libertad de prensa, desde 2000 hasta hoy han matado a 148 periodistas. 28 de ellos han muerto en el actual sexenio, que concluirá en 2024; 47, durante el mandato de Enrique Peña Nieto, y otros 48, con Felipe Calderón en la Presidencia. Este último quien declaró la llamada «guerra contra el narcotráfico» que sumió a México en un baño de sangre. Desde 2007, registra cifras de violencia equiparables a las de un conflicto bélico: más de 350.000 muertos y cerca de 100.000 desaparecidos.

Habitualmente, las ejecuciones de periodistas se centran en informadores locales, con escasa proyección pública y que viven en lugares con fuerte presencia del crimen organizado. Pero también hay reporteros con amplio reconocimiento que perdieron la vida en un ataque armado, como Javier Valdez, corresponsal de “La Jornada” en Sinaloa, o Miroslava Breach, periodista de Chihuahua muerta en 2017.