Castro asume el cargo con una Asamblea duplicada
Xiomara Castro es desde ayer la primera presidenta de Honduras, un país golpeado por la violencia, la pobreza, la corrupción y el narcotráfico, y asume el mando en plena crisis provocada por la instalación de dos cámaras legislativas paralelas. Prometió «la refundación del Estado socialista y democrático» y adelantó que «el Estado no tiene capacidad para sostener la estruendosa deuda» heredada de «doce años de dictadura» que han empobrecido al país.
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Xiomara Castro, del partido Libre, tomó ayer posesión de la Presidencia de Honduras ante un abarrotado Estadio Nacional de Tegucigalpa, donde afirmó que la refundación del país centroamericano comienza por el restablecimiento del respeto al ser humano, y dijo: «No más narcotrá- fico, ni crimen organizado».
En su primer discurso como presidenta, subrayó que «la refundación de Honduras comienza por el restablecimiento al respeto del ser humano, la inviola- bilidad de la vida, la seguridad de los ciudadanos, no más escuadrones de la muerte, no más silencio ante los feminicidios, nos más sicariato, no más narcotráfico ni crimen organizado».
Castro, que recibió la banda presidencial de su esposo, el derrocado expresidente Manuel Zelaya, asumió el cargo cinco días después de que estallara en el país una nueva crisis con la instalación, el domingo, de dos Asambleas paralelas, lo que sumió a Honduras en la incertidumbre. Una bajo el mando de Luis Redondo, gracias al acuerdo alcanzado por Libre con su socio, el PSH, y otra con Jorge Cálix, apoyado por disidentes de Libre y diputados opositores.
Los 18 disidentes rechazaron un acuerdo electoral con el PSH, cuyo apoyo fue clave para el triunfo de Castro y cuyo líder, Salvador Nasralla, será también vicepresidente.
Para solucionar esta crisis, la víspera de su toma de posesión, Castro propuso como coordinador de su gabinete a Cálix, quien escribió en Twitter: «Sería un gran honor formar parte del Gobierno de la resistencia y de la reconciliación nacional. Pronto recibirá mi respuesta».
Si Cálix acepta la oferta, la presidencia del Parlamento recaería en Redondo, aunque es un tema aún sin aclarar.
Agregó que refundar Honduras es «una misión de patria», que «no solo llamará a cuentas a aquellos que han sido responsables de que la imagen de nuestro país ande por los suelos, sino que estamos comprometidos con nuestra propuesta del socialismo democrático, a sentar las bases de combate frontal a la corrupción, para que estos hechos que nos han avergonzado jamás vuelvan a repetirse».
«Misión imprescindible»
Castro, la primera mujer en ocupar la Presidencia de Honduras, dijo que refundar «es una misión imprescindible o irrenunciable con la que debemos estar comprometidas a causa del mandato directo del pueblo». Para ello, indicó que en los primeros cien días de su Gobierno se tomarán «las medidas urgentes» para «refundar Honduras».
Pidió al Parlamento aprobar la Ley para la Participación Ciudadana para consultar al pueblo sobre reformas o aprobaciones de leyes. También anunció la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (Cicih), con el apoyo de las Naciones Unidas. Y ordenó derogar las leyes aprobadas en los últimos dos meses, especialmente «aquellas orientadas a saquear las arcas públicas para detener el aparato político clientelar». Agregó que el Parlamento «se democratizará» para garantizar que «los oscuros tiempos de la dictadura legislativa no volverán».
En este sentido, adelantó que «el Estado no tiene capacidad de sostener la estruendosa deuda», heredada de «doce años de dictadura» –en referencia a los gobiernos que sucedieron al golpe de Estado contra Manuel Zelaya– que les ha hecho el país «más pobre» de Latinoamérica.
«La gente tiene que saber qué hicieron con el dinero y dónde están los veinte millones de dólares que sacaron en préstamos, mi Gobierno no continuará con la vorágine de saqueo que ha condenado a los jóvenes a pagar una deuda que contrajeron a sus espaldas, hay que arrancar la corrupción de los doce años de dictadura», enfatizó.
Castro prometió también la «refundación del Estado socialista y democrático» y tras recordar cómo el pasado gobierno puso «en entredicho la soberanía nacional, vendiendo el territorio como cualquier otra mercancía», anunció la presentación de una ley para derogar la polémica Ley ZEDE, con la que ciertas zonas quedaban sujetas a un régimen administrativo especial, donde los inversores son quienes deciden en asuntos de jurídicos, fiscales y de seguridad.
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