Israel ejerce un «cruel sistema de opresión y dominación» contra los palestinos, que equivale a un «apartheid» y constituye un crimen de lesa humanidad por el que debe rendir cuentas, constata el informe sobre el terreno más exhaustivo de Amnistía Internacional (AI).

El informe de 182 páginas documenta «cómo las confiscaciones masivas de tierras y propiedades palestinas, los homicidios ilegítimos, los traslados forzosos, las restricciones a la circulación y la negación de la nacionalidad y la ciudadanía a la población palestina son elementos de un sistema que, según el derecho internacional, equivale a apartheid».

Según AI, «las autoridades israelíes deben rendir cuentas por cometer apartheid» contra los palestinos, ya que constituye un crimen de lesa humanidad, según las definiciones del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) y la Convención contra el Apartheid.

Este sistema de control abarca tanto a los palestinos que viven en Israel, como a los que habitan los territorios palestinos ocupados –unos 5,3 millones, según el último censo palestino– y a la población refugiada en otros países, señala el informe.

«Vivan en Gaza, en Jerusalén Este, en el resto de Cisjordania o en Israel, los palestinos son tratados como un grupo racial inferior al que se priva sistemáticamente de sus derechos. Las crueles políticas de segregación, desposesión y exclusión en los territorios bajo control de Israel constituyen sin duda apartheid», asevera el informe presentado en rueda de prensa en Jerusalén por la nueva secretaria general de AI, la exrelatora de la ONU Agnès Callamard.

«Los ciudadanos árabes de Israel no tendrán la misma experiencia de apartheid que los de Gaza, pero eso no significa que no haya un régimen de apartheid», subrayó Callamard,

AI denuncia que Israel, desde el establecimiento de su Estado en 1948, impulsa políticas para mantener una mayoría demográfica judía y maximizar el control sobre tierras, propiedades y recursos de los israelíes, al considerar a la población palestina una «amenaza demográfica». Y, además, desarrolla planes oficiales para «judaizar» zonas de Israel y Cisjordania ocupada, incluido Jerusalén Este.

Reclama un embargo

Ante esta situación, reclama al Consejo de Seguridad de la ONU que imponga un embargo integral de armas y municiones a Israel y sanciones selectivas como el bloqueo de activos a las autoridades israelíes más implicadas en el apartheid.

No es la primera vez que organizaciones de derechos humanos hablan de apartheid para describir la situación de los palestinos en los territorios controlados por Israel, un término que ya acuñó la ONG israelí Btselem en enero de 2021 y que Human Rights Watch (HRW) documentó en otro informe el pasado abril, después de que grupos palestinos llevaran años denunciándolo.

Antes de su publicación el Gobierno israelí accedió a su contenido, que calificó de «falso», y tildó a AI de «antisemita», como hace ante cualquier crítica.

«Criticar las prácticas del Estado de Israel no es en absoluto una forma de antisemitismo. Lo que decimos es que en 2021, en 2022, hay apartheid en Israel, no sugerimos que hubiera un sistema de apartheid en 1948», se defendió Callamard.

La Autoridad Palestina (ANP) consideró que se trata de «una afirmación detallada de la cruel realidad del racismo arraigado, la exclusión, la opresión, el colonialismo, el apartheid y el intento de borrado que el pueblo palestino ha soportado desde la Naqba (con la creación de Israel en 1948)». Urgió al fiscal de la CPI a incluir sin demora el posible crimen de apartheid en la investigación abierta y exigió una rendición de cuentas.

Hamas aseguró que el informe «describe la trágica realidad» de la población palestina.

La Unión Europea defendió el informe de AI y señaló que seguirá vigilando la situación en Israel y los territorios ocupados.

Israel concede la libertad condicional a Juana Ruiz

Israel concedió ayer la libertad condicional a la trabajadora humanitaria de origen español Juana Ruiz, condenada a 13 meses de cárcel por trabajar y recaudar fondos para la ONG palestina Health Work Committees, que Tel Aviv vincula al FPLP y considera «ilegal». La Fiscalía tiene una semana para recurrir o, si acepta la medida, poner fecha a su excarcelación. Un tribunal militar condenó el 17 de noviembre a Ruiz, de 63 años y encarcelada desde abril, a 13 meses de prisión tras aceptar un acuerdo para rebajar la pena.GARA