El Comité de Disciplina de UPN propuso ayer suspender de militancia durante dos años y medio a los diputados Sergio Sayas y Carlos García Adanero, como sanción por saltarse el mandato de la dirección del partido en la votación de la reforma laboral.

La medida del Comité de Garantías y Disciplina es, por tanto, más moderada que la que propuso el Comité Ejecutivo de UPN, que solicitó el pasado viernes que los dos diputados díscolos entregaran el acta o, de lo contrario, se iniciase el procedimiento para su expulsión. Esta propuesta fue avalada el sábado por más del 80% del Consejo Político del partido.

A diferencia del Comité Ejecutivo y el Consejo Político de UPN, el Comité de Disciplina, un órgano independiente del que forman parte Jaime Ubillos, de Iruñea; Guillermo Cháverri, de Aranguren; Jesús Marco, de Cintruénigo; Inmaculada Pérez, de Milagro; y Iosu Igoa, de Bera, decidió hilar fino y suspender a Sayas y Adanero, teniendo en cuenta que los diputados acudirán a los tribunales ordinarios.

Y es que los estatutos de UPN consideran que romper la disciplina de voto es una falta grave que sin embargo no lleva aparejada la expulsión del partido, sino una suspensión temporal de militancia (de uno a tres años) y la inhabilitación para cargos orgánicos o electos.

Sin embargo, tanto Esparza como la Ejecutiva confiaban en que el Comité de Disciplina tipificaría como «muy grave» la actuación de Sayas y Adanero, algo que conllevaría su expulsión. En concreto, la dirección se atenía a varios artículos de los Estatutos, que consideran infracciones muy graves conductas como «la manifiesta y reiterada deslealtad al partido», la «indisciplina reiterada y grave» o «actuar de forma contraria a los principios del partido», entre otros.

Finalmente, el Comité de Disciplina tomó una decisión que no ha contentado a ninguna de las dos partes. Esparza los quería fuera y ahora está por ver si la suspensión es de dos años y medio, ya que a partir de ahora, Sayas y García Adanero disponen de cinco días para presentar alegaciones a la propuesta, algo que los diputados confirmaron que harán. En este sentido, Adanero señaló que, dado que la expulsión «no es posible estatutariamente, han buscado una «expulsión en diferido» con la suspensión de militancia.

Queda un camino «largo»

En una rueda de prensa en el Congreso español, Sayas explicó, en nombre de los dos diputados, que no consideran «ni fundamentada ni motivada» la propuesta del Comité de Garantías del partido. De entrada presentarán alegaciones, pero ya sugiere que habrá recursos y que se inicia un «proceso largo». «Este camino va a ser más largo de lo que a algunos les gustaría», llegó a decir.

De hecho, los dos diputados no necesitaban acudir acompañados de abogado a la reunión con el Comité de Garantías que se celebró el lunes, pero Sayas asistió junto al abogado Eduardo Ruiz de Erenchun, mientras que García Adanero ya avanzó que pretendía encargar su defensa al despacho que creó Jesús Aizpún, uno de los fundadores de UPN, en busca de una legitimidad histórica.

Inquietud entre los socios

La dramática votación de la reforma laboral ha levantado un gran revuelo tanto en la coalición Navarra Suma como en los socios de Gobierno del PSN.

Ayer, Enrique Maya tuvo que señalar que los asuntos internos de su partido «no van a afectar» a la coalición, en respuesta a las palabras de Ana Beltrán, líder del PP de Nafarroa, que afirmó este martes en declaraciones realizadas a “Diario de Navarra” que le preocupan «los escarceos de Esparza con los socialistas».

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, dejó claro que las fisuras en la confianza de los socios de Gobierno a raíz del pacto PSOE-UPN no se han cerrado, y volvió a exigir a María Chivite que haga públicos los entresijos del acuerdo. La lehendakari de Nafarroa había señalado en declaraciones previas que no le corresponde informar sobre este asunto porque no participó en las negociaciones.