Cuatro meses después de recibir el tercer grado por parte de Instituciones Penitenciarias, Jon Crespo Ortega volvió a dormir en prisión el jueves, según pudo confirmar este medio de comunicación. Tuvo que presentarse a las 23.00 en la cárcel de Basauri, tras haberle revocado la Audiencia Nacional la progresión concedida a finales de setiembre y volverle a clasificar en segundo grado.

La decisión sigue la estela abierta con el caso de Unai Fano, cuyo tercer grado también fue revertido por el tribunal especial español, en ambos casos tras un recurso de la Fiscalía. Pero hay una diferencia relevante entre los dos casos, puesto que en el de Fano fue la sala superior de la Audiencia Nacional (la Sección Primera) quien tumbó la puesta en libertad, mientras que en esta ocasión ha sido directamente el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria (JCVP), también dependiente del tribunal especial, pero primera instancia interpelada. En el caso de Unai Fano, el JCVP había rechazado el recurso de Fiscalía, que logró finalmente su objetivo apelando a la Sección Primera.

Una manifestación convocada por Sare denunciará la situación hoy a las 13.00 en Galdakao, la localidad del preso. Y demandará que estos casos no se repitan, porque existe constancia de que hay más recursos de la Fiscalía en marcha contra los pocos presos y presas vascas que han alcanzado el tercer grado, apenas una decena en la actualidad.

Tampoco cabe olvidar que Crespo, encarcelado desde hace veinte años, debería estar realmente en libertad condicional. Así lo admitía Instituciones Penitenciarias en su comunicación de la concesión del tercer grado, al apuntar que cumplió las tres cuartas partes de la condena en agosto de 2021.

Tres instituciones corregidas

La resolución del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria viene a suponer un desplante a tres instancias diferentes: la Junta de Tratamiento de la prisión cántabra de El Dueso, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias dependiente del Gobierno español y el Ejecutivo de Lakua.

En el primer caso, según ha podido constatar GARA, la Junta de El Dueso dejó muy claro que se cumplían los requisitos de «evolución positiva en la conducta, apreciándose circunstancias personales y penitenciarias que le capacitan para llevar un régimen de vida en semilibertad». Se citaban entre ellas «declaración expresa del rechazo al uso de la violencia» o «disfrute de permisos sin incidencias».

En cuanto a Instituciones Penitenciarias, lógicamente dio por buena y convirtió en resolución esa propuesta, exponiendo no solo las cuestiones anteriores sino también el pago de responsabilidades civiles por parte del preso o su disposición favorable a la reintegración. «Sin embargo no consta petición de perdón expreso a las víctimas de terrorismo ETA [sic], con lo que no se cumplen los requisitos exigidos por la Sección Primera de la Sala de lo Penal al respecto, lo que obliga a estimar el recurso del fiscal», afirma el JCVP en la resolución, firmada el miércoles por su titular, José Luis Castro.

La decisión interpela por último al Gobierno de Lakua, como institución que gestiona la prisión de Basauri justo desde la semana en que Jon Crespo fue trasladado a ella desde El Dueso. En consecuencia, es el departamento de Justicia que dirige Beatriz Artolazabal quien controlaba el desarrollo del tercer grado. Ello conlleva un seguimiento multidisciplinar (educador-sicólogo, trabajadora social...), por lo que la administración vascongada tenía plena consciencia de que Jon Crespo no había incurrido en ningún incumplimiento tras progresar de grado.

El desplante es doble en este caso, porque Lakua había mostrado un compromiso de fomento del régimen de semilibertad y la Audiencia Nacional le ha respondido devolviendo a la cárcel a dos presos en tercer grado, en estos cuatro primeros meses de ejercicio de la competencia.

Sare peleará el tercer grado

Sare confirmó ayer la convocatoria de manifestación en Galdakao y trasladó además una posición concreta: «Si la Junta de Tratamiento del centro penitenciario de Basauri considera que este preso está en condiciones de estar en tercer grado penitenciario e insertado como estaba en el mundo laboral, le pediríamos que obre en consecuencia y vuelva a valorar y reiterar su progresión a tercer grado».

Define la acción de la Fiscalía de la Audiencia Nacional como un intento más de «obstaculizar el camino a la convivencia en nuestro país. Hay que insistir en que las Juntas de Tratamiento de los centros penitenciarios, cuando aprueban o rechazan progresiones de grado o permisos penitenciarios, lo hacen teniendo en cuenta criterios profesionales. Y son estos criterios los que la Fiscalía, desconociendo la evolución penitenciaria de Jon Crespo, ha decidido enmendar. Estamos, una vez más, ante una actitud obstaculizadora, basada en criterios políticos y que nos hace retroceder a etapas que necesitamos superar»

Urkullu: «ETA no existe. Hay que repensar las leyes excepcionales»

Iñigo Urkullu afirmó ayer que «es el momento de repensar» si las leyes de excepción penales y penitenciarias adoptadas «en el contexto del azote terrorista» tienen sentido años después de la desaparición de ETA. El lehendakari lanzó esta reflexión en el Parlamento, en respuesta a un requerimiento de la única parlamentaria de Vox. Sin hacer referencia concreta a ningún caso como el de Unai Fano o el de Jon Crespo, sostuvo que las políticas de excepción «no tienen sentido» en la CAV «ni en lugar donde impere un Estado de Derecho» porque «todos somos iguales ante la ley y la ley ha de ser igual para todos».

Urkullu añadió que la asunción de la gestión de las prisiones por parte de Lakua ha «generado confianza» en la sociedad vasca y permite gestionar la reinserción de los presos desde la cercanía y de una forma individualizada. «Abrimos la puerta a un modelo de reinserción que dé oportunidades a todos los presos independientemente del delito cometido, sin tratos diferenciados», declaró.

Por ello, remarcó que ETA ya no existe y que es necesario «repensar» si tienen sentido las políticas excepcionales vigentes ya que «no es posible resolver los problemas de hoy con las pretendidas soluciones de ayer». Finalmente, concluyó que «por eso somos partidarios de afrontar las reformas legales que sean oportunas para favorecer los fines constitucionales de las penas privativas de libertad».GARA

Más de un millar de personas salen a la calle otro viernes más en una veintena de localidades

Como cada viernes, cientos de personas solidarias con los presos salieron a la calle en distintas concentraciones de carácter local. A GARA llegó un reporte anoche notificando varios de estos actos de protesta. En suma, congregaron a más 1.100 personas en 20 localidades.

La relación fue la siguiente: Berriz (16), Hernani (110), Oñati (57), Zarautz (103), Deba (35), Ondarroa (94), Lekeitio (72), Ugao (62), Durango (52), Legorreta (24), Tafalla (50), Lezo (30), Bera (17), Barañain (36), Antzuola (26), Iruña (96), Etxarri Aranatz (63), Arbizu (25), Orereta (105) y Getaria (34).