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Europa critica por insuficiente la reforma en marcha de la Ley Mordaza

La reforma, que no derogación, de la Ley Mordaza que arranca hoy en el Congreso ha recibido un varapalo previo del Consejo de Europa.


En vísperas de la reactivación hoy en el Congreso de los Diputados de Madrid de la ponencia que debate la reforma de la Ley Mordaza de 2015, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, envió a ambas cámaras del Parlamento españolo una serie de sugerencias mucho más ambiciosas que lo previsto.

El escrito, fechado el 8 de febrero, pero hecho público ayer, está dirigido a los presidentes del Congreso y el Senado, Meritxell Batet y Ander Gil, respectivamente, así como al presidente de la Comisión de Interior de la Cámara Baja, José Luis Ábalos. En él, el Consejo de Europa insta a tomar esta reforma como «una oportunidad para alinear» el contenido de la legislación española con «las normas europeas y las normas internacionales de derechos humanos».

Así, Mijatovic muestra su preocupación por «la redacción amplia e imprecisa de la ley en su conjunto, que sigue dando un amplio margen de discrecionalidad a las fuerzas del orden a la hora de interpretarla y permite su potencial aplicación desproporcionada y arbitraria».

En la práctica, constata que «se imponen sanciones por motivos poco claros, socavando el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica protegidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos». E incide en la dificultad para recurrirlas.

La comisaria recuerda que la Comisión de Venecia del Consejo de Europa recomendó en 2021 «garantizar que la revisión judicial de las denuncias individuales sobre posibles abusos policiales sea accesible y efectiva».

«Alarmante» volumen

Mijatovic califica de «alarmante» el «elevado número de sanciones impuestas» desde 2015 en manifestaciones por resistencia o desobediencia a la Policía y por falta de respeto o consideración a los agentes.

Con fecha 10 de febrero la comisaria recibió ya la respuesta, en la que Batet y Gil dicen haber «dado traslado de sus alegaciones a las respectivas comisiones de Interior de las cámaras, para que sean objeto de estudio y consideración». Añaden que en el debate de la comisión «podrán ser tenidas en cuenta y valoradas convenientemente» sus reflexiones y las de otras instituciones, como la ONU.