Los talibanes son diferentes del anterior Gobierno corrupto. Me harán justicia. Estoy convencido». Así comienza a relatar su historia Haji Ali, de 75 años y de etnia hazara. Está sentado cerca del Tribunal de Apelación de Ghazni, 200 km al sur de Kabul. Frente a él, varias personas esperan para dar su testimonio o escuchar la sentencia del juez talibán. Se juzgan todo tipo de casos: delitos, homicidios, disputas inmobiliarias... Todos esperan sentados en el suelo a ser llamados para comparecer ante el juez.

«Cuando llegaron los talibanes tuve la esperanza de que mi caso fuera reconsiderado», continúa Haji Ali, cuyo rostro, con una espesa barba blanca y unos penetrantes ojos tristes, refleja cansancio. Le acompaña Isahaq, residente en la ciudad. «Soy del distrito de Jaghuri, lejos de la ciudad. Hace cuatro años, dos de mis hijas de 13 y 27 años fueron asesinadas por gente que conocía bien. Seguramente querían robar en casa o vengarse por algo. No sé. Siete personas inocentes fueron castigadas. Los verdaderos culpables, a los que conozco, sobornaron a los jueces del Gobierno anterior para culpar a otros. Tres de ellos llevan cuatro años en prisión. Los jueces rechazaron cada apelación. Queremos justicia», explica Haji Ali.

Tras unos minutos, el juez llama a los tres hombres recluidos en la cárcel de la ciudad. Los otros cuatro pagaron para acortar sus sentencias. Los guardias les quitan las esposas para entrar en la sala. El juez talibán Mawlawi Abdulshukur está acompañado por varios colegas, con los que delibera sobre lo que escuchan. Las banderas del Emirato Islámico se confunden entre símbolos de la antigua república. Reina la calma y el silencio mientras Mawlawi Abdulshukur toma notas. Después de declarar, los presos son liberados, pero con ciertas condiciones que explica Ussama, un guardia que conoce el procedimiento: «Tienen que presentar un fiador. Cualquiera. Si se fugan antes de la decisión final, el fiador será encarcelado».

Los tres presos esperan relajados. No se quejan del trato en prisión, incluso si están allí injustamente. «Para enviarnos a la cárcel solo se necesitó un testigo, obviamente pagado y corrompido –dice Mohamed Hashim–. Es la primera vez que nos llevan ante el tribunal desde nuestra condena. Si a este Gobierno no le importa el dinero como al anterior, quizás haya más justicia».

Haji Ali e Isahaq tienen un papel con diez huellas dactilares. «Tenemos testigos listos para exonerarles y señalar a los verdaderos culpables. Han huido y no sabemos dónde están», indican. Los tres reclusos son devueltos a prisión a la espera del pago las fianzas. Sus dos valedores afirman haber encontrado a líderes tribales listos para testificar en su favor: «Inshallah, mañana volverán con nosotros como garantes y los prisioneros serán liberados». Haji Ali está abrumado por la emoción. «Los talibanes son gente decente», dice antes de despedirse. El juez ha citado a los verdaderos culpables. Serán escuchados y se abrirá una investigación. «Todo el mundo tiene derecho a defenderse, con la ayuda de un abogado o solo», asegura este talibán experto en Derecho Islámico.

Bajo la ley islámica

El sistema judicial es una de las áreas que deberá abordar el nuevo Ejecutivo. Mawlawi Abdulshukur explica que «por ahora nos basamos en la jurisprudencia existente y aplicada desde la década de 1960», cuando Afganistán todavía era una monarquía. «Acabamos de abolir artículos contrarios a la ley islámica, pero hemos mantenido el resto», señala. Lo confirma Hazrat Gul, un joven abogado de 24 años que aguarda para defender a una familia campesina en un caso de homicidio: «La sharia, la ley islámica, ya se aplicaba bajo el Gobierno anterior».

Mawlawi Abdulshukur, que se ríe mientras confiesa que es la primera vez le fotografían, aclara: «Todavía es demasiado pronto para transformar todo el sistema judicial. Habrá reformas porque el Gobierno anterior fue corrupto hasta la médula, muchas decisiones fueron injustas y las apelaciones no fueron atendidas. Con la ley islámica de 1.400 años podremos revisar todo. No hemos cambiado mucho desde nuestra llegada. Tendremos que reescribir la Constitución, reabrir los tribunales y luego veremos cómo cambiar las leyes. Ahora el sistema está paralizado».

Este juez estudió durante años en varias madrasas (escuelas coránicas) durante el invierno, cuando cesaban los combates por la nieve. En verano luchó. «Tuvimos que movernos constantemente porque los estudiantes también éramos objetivo de las redadas de los ocupantes. No fue fácil, pero me gradué en Nur-al Madaris Madrasah en Ghazni», recuerda, una de las escuelas más prestigiosas del país en la enseñanza de la ley islámica. Hoy valida cada decisión judicial. Mawlawi Abdulshukur interrumpe la conversación para rezar.

No se contemplan todavía las penas más severas, como ejecuciones, lapidaciones, amputaciones... «Hasta ahora, estos escenarios no se han presentado. Son decisiones sensibles y complejas. El líder supremo, Haibatullah Akhunzada, ha decidido ser muy indulgente con su pueblo, convirtiendo las condenas a muerte en penas de prisión. Y para tales sanciones tendrán que darse ciertas condiciones. De diez casos que llegan a los tribunales es poco probable que alguno reciba tal sentencia. Además, esas decisiones pertenecen a los tribunales supremos y no a los de provincias como el nuestro», afirma.