El ministro de Cooperación Ko Ko Hlaing, sancionado por EEUU por el golpe militar de febrero de 2021, encabezó la representación de Myanmar ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que inició unas vistas sobre el genocidio rohinya de 2016 y 2017, en sustitución de la líder Aung San Suu Kyi, actualmente en prisión domiciliaria. La participación de representantes de la Junta birmana supone un reconocimiento internacional de los generales que tomaron el poder en un golpe de Estado en febrero de 2021, lo que ha sido criticado por juristas y organizaciones defensoras de derechos humanos.

«El nuevo Gobierno provisional de Myanmar se compromete a respetar sus obligaciones existentes» en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio «y es una de las partes en este procedimiento», recalcó Hlaing en La Haya.

La polémica se debe a que, según organizaciones por los derechos humanos, Myanmar debería estar representada en el alto tribunal de la ONU por el Gobierno de Unidad Nacional (NGU), formado por parlamentarios derrocados y activistas.

La representación de la Junta Militar birmana incluye a la fiscal general Thida Oo, sancionada por países occidentales por fabricar cargos contra altos dirigentes del Gobierno democrático.

«Desde el día del golpe, el pueblo birmano ha rechazado claramente a la Junta, dejando claro que los militares no lo representan», indicó a Efe el presidente de la Organización Birmana Rohinya UK (BRUK), Tun Khin. «Todos en la comunidad internacional, incluida la CIJ, debería escuchar (al pueblo) y no otorgar ninguna legitimidad a la Junta», precisó.

La Junta no había sido reconocida hasta ahora por ningún otro órgano de la ONU. El NUG defendió ser el legítimo representante del pueblo birmano.

La jueza presidenta de la CIJ, Joan Donoghue, dijo al inicio de la vista que las partes que pueden presentarse ante el alto tribunal de la ONU «son los Estados, no gobiernos particulares».

La CIJ ordenó a Myanmar, en enero de 2020, que tomase medidas cautelares para proteger a los rohinyas de cualquier acto genocida. Hlaing señaló ayer que el país está «determinado a resolver» los problemas en el estado de Rakain, donde el Ejército ha llevado a cabo brutales operaciones militares contra la minoría musulmana, «a través de métodos pacíficos».

Denuncia de Gambia

El caso de los rohinyas llegó a la CIJ gracias a Gambia, país de mayoría musulmana que presentó la denuncia con el apoyo de la Organización para la Cooperación Islámica. Exhibió como principal evidencia un informe de la ONU en el que se dice que hubo elementos de «genocidio intencional» en la actuación de las Fuerzas Armadas birmanas, como la muerte de unos 10.000 rohinyas y la huida de más de 700.000 a Bangladesh entre 2016 y 2017.

Esas actuaciones del Ejército supondrían, según Gambia, una violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

Myanmar defendió ayer que la CIJ solo puede tratar litigios entre Estados y que Gambia actúa como mero representante de Organización para la Cooperación Islámica, y que ni los ciudadanos de Gambia ni sus intereses se han visto afectados en las operaciones militares contra los rohinyas, por lo que pidió al tribunal que se declare incompetente. Gambia responderá mañana.