Nabarniz, con Pablo González: «El periodismo no es un delito»

Una pancarta y muchos paraguas en la plaza de Nabarniz ayer al mediodía. Lluvia y un fuerte aplauso al final del acto de apoyo a su vecino, el periodista Pablo González, y a su familia. Desde el día en el que se inauguró el frontón de este pequeño (260 vecinos) pueblo vizcaino no se recuerda una congregación igual de gente, reconoce el alcalde, Jose Maruri. Convocado por los concejales de los dos partidos representados en el Ayuntamiento, EH Bildu y PNV, el acto reivindicaba también pedir la puesta en libertad de este periodista, detenido en Polonia y en situación de indefensión, incomunicado y sin apoyo legal, pese a las graves acusaciones vertidas contra él por el Gobierno polaco: espionaje, cuando él lo único que ha hecho es su trabajo, informar.

La nota acordada también por unanimidad por el Consistorio redundaba en ello: «Pedimos al Gobierno polaco que libere a Pablo inmediatamente, porque el periodismo no es un delito y eso es lo que Pablo hacía en Polonia y Ucrania: informar. Todos los Estados tendrían que proteger la libertad de prensa, porque en todos los puntos del mundo los periodistas nos dan la necesaria información para que nos creamos nuestra propia opinión. Sin información, nuestra libertad cojea».

Hay preocupación entre los vecinos de Nabarniz, reconocía el alcalde. «Preguntan qué va a pasar, hay dudas sobre la situación de Pablo y de su familia. De lo que no hay dudas es de él y de que las acusaciones no tienen fundamento alguno. Le conozco desde hace años, siempre trabajando de periodista».

«Esto no es normal»

El periodismo independiente incomoda, más en tiempos de conflicto. Y Pablo González es un ejemplo. Descendiente de «niños de la guerra» refugiados en Rusia, está especializado en esa zona del mundo y escribe para diversos medios, como GARA, desde hace años. Entre abrazos y deseos de ánimo, encontramos a una emocionada Oihana Goiriena. Es la pareja de Pablo González, con quien tiene tres hijos.

No ocultaba su preocupación –«es como una película de terror»–, y según van pasando los días el nerviosismo crece, a la espera siempre de recibir una llamada del consulado español en Polonia o de su abogado. El consulado llamó, sí, el jueves pasado, pero con poca información: «Que está detenido, que la prisión es provisional para tres meses, los cargos y ya está». Ella, mientras, con el temor de «¿él cómo estará? ¿Cómo me lo encontraré? Tantos días sin ver a nadie...».

El diputado Jon Iñarritu también acudió a Nabarniz, con una representación de EH Bildu. «Lo que pedimos no es solo la libertad de Pablo, sino que tenga derecho a hablar con su abogado y su familia. No es normal que una persona esté en su situación en Europa. En teoría no está incomunicado, pero sí en la práctica. Ha pasado una semana y seguimos sin saber nada de Pablo: ni en qué situación está ni cómo. Lo que nosotros pedimos al Estado español es que este periodista no solo tenga apoyo consular, sino que ese apoyo sea también legal. La acusación que se le realiza es muy preocupante, teniendo en cuenta, además, que estamos en una situación de conflicto y que Polonia ha sido condenada en varias ocasiones por no respetar los derechos humanos».

Gonzalo Boye pedirá protección a la Cruz Roja

«Que decidan si estamos o no en guerra: Si no lo estamos, este señor el miércoles tiene que recibir la visita de su abogado; y si lo estamos, recibirá la de la Cruz Roja y se le tendrá que poner en un centro separado del resto de los presos». Así de contundente se mostraba ayer Gonzalo Boye, abogado del periodista Pablo González, cuando se le preguntaba por su siguiente paso. El periodista está encerrado en la prisión de Rzeszów, en prisión provisional y sin que haya podido recibir ayuda legal ni comunicarse con su familia. «En derecho no existen los limbos jurídicos y la situación y el trato que está recibiendo Pablo es inadmisible. Por ello solicitaremos a la Cruz Roja Internacional que, con independencia de que consideramos que se trata de acusaciones infundadas, le den la protección que establecen las Convenciones de Ginebra en caso de conflicto armado (guerra) tal cual lo definió Borrell. Porque, ante la pasividad de las autoridades polacas y españolas por garantizarle sus derechos como ciudadano en un proceso penal, no me queda otra que pensar que Pablo es un prisionero de guerra», apunta Boye.A.E.