La polémica ley que aumentaba las penas de prisión por abortar y prohibía la educación en la diversidad sexual en Guatemala fue archivada el martes. El Congreso la aprobó la semana pasada y después de varias protestas y de la marcha atrás del presidente, Alejandro Giammatei, acordó archivarla.

El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Congreso aprobó la Ley Para la Protección de la Vida y la Familia con 102 votos de diputados aliados de Vamos, el partido del partido del presidente; ocho en contra y 50 abstenciones.

El día 10, el presidente guatemalteco, anunció que vetaría la ley porque violaba la Constitución y varios tratados internacionales. El martes, con el voto de 119 de los 160 diputados, el Legislativo decidió finalmente archivarla.

El diputado Bernardo Arévalo, del opositor Semilla, aseguró ante el pleno que «la vergüenza no va a pasar rápido» para los legisladores que aprobaron inicialmente la ley.

«La vergüenza la conoce el pueblo de Guatemala, que sabe quiénes votaron en contra de esto y sabe quiénes aprobaron un texto que era inconstitucional y que lleva al presidente a pedir que lo archiven», dijo Arévalo, cuyo movimiento nació en 2015 de la lucha anticorrupción.

La iniciativa 5272 la planteó en 2017 el partido conservador Viva y no se aprobó hasta el 8 de marzo. Esta ley contemplaba aumentar el castigo a las mujeres que aborten desde los actuales entre uno y tres años a entre cinco y cincuenta, en algunos casos. Además, prohibía enseñar diversidad sexual en los centros educativos.

Según explicaron sus impulsores, la norma buscaba combatir el aborto y a «grupos minoritarios» que son «incongruentes con la moral cristiana».

Amnistía Internacional advirtió la semana pasada de que la normativa aprobada por el Congreso guatemalteco fomentaba «el odio y la discriminación» y no protegía «a las familias ni a las vidas».